Precios al alza, oferta en baja: el tropiezo recurrente de la actualización del modelo en Cuba

Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

Más que una explicación, el gobierno cubano debería ofrecer una disculpa pública detallada luego de su segundo fracaso en cinco años al intentar modificar los precios relativos. No resolvería el problema fundamental, pero quizás ayudaría a hacer un debate público que oficialmente se ha evadido.

Conviene tomar esa posibilidad con cautela porque quienes gobiernan Cuba aún conservan la capacidad de construir relatos de flexibilización del mercado socialmente sensibles, pero que en los hechos no alcanzan la intensidad que proclaman.

En ello influyen al menos tres factores: la arrogancia y la coerción del poder, el laberinto burocrático en que operan y el desdén por cualquier enfoque que cuestione un modelo esencialmente de economía centralmente planificada bajo monopolio político unipartidista.

Cuestionable conceptualización, política económica deficiente y los mismos responsables.

El error del gobierno cubano es conceptual. Los precios se tratan como variables de control político, no como mecanismos de información y de ajuste económico. Mientras no se acepte que, incluso en un mercado incompleto y distorsionado, los precios minoristas reflejan sobre todo la realidad de la oferta – demanda y no la voluntad administrativa, las políticas de modificación de precios relativos seguirán tropezando con la misma piedra.

Ante su segundo descalabro consecutivo en la gestión macroeconómica de precios —en 2021 y 2026—, el gobierno cubano vuelve a invocar el fantasma de los precios minoristas y desvía la culpa hacia la “bestia negra” habitual: el sector privado.

En octubre de 2021, el entonces jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC) afirmó que la principal “desviación” de la Tarea Ordenamiento había sido la inflación minorista.

Presentó el fracaso como una “desviación” y, ante una Asamblea Nacional pasiva, sostuvo que “medir el resultado de la Tarea Ordenamiento no es decir si salió bien, mal o parcial”, sino compararlo con el diseño original. Con ese trabalenguas burocrático despachó en pocos minutos el punto de inflexión que abrió el peor deterioro del bienestar nacional en un siglo. El funcionario pasó a otras tareas y hubo otros movimientos de cuadros, mientras una parte creciente de la población cubana caía en una situación de pobreza generalizada que desborda ampliamente el piadoso uso oficial del término “vulnerable”.

Sobre el restablecimiento de controles de precios en agosto de 2026 —menos de dos meses después de afirmar que se eliminarían “los topes de precios de manera general” como parte del paquete de 176 medidas, luego regulado por la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios—, aún no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial del gobierno central cubano, del Consejo de Ministros, del Ministerio de Finanzas y Precios ni de otros organismos nacionales.

Los soldados cargan con el caldero tiznado.

Lo ocurrido es que varios gobiernos provinciales y municipales —Villa Clara, Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín— han impuesto por su cuenta “precios de referencia” o límites al margen comercial, generalmente del 30 %, sobre productos básicos como aceite, huevos, leche en polvo, azúcar, salchichas, pollo y arroz. Se presentan esas decisiones como evaluaciones de costos y gastos de comercialización, y se insiste en que “no se trata de un precio topado”.

Es el nuevo ardid “técnico” de la burocracia: una versión actualizada de la “desviación del diseño” que se utilizó como hoja de parra en 2021 que permite ahora al PCC, a la presidencia y al Consejo de Ministros trasladar a las autoridades locales —con teatralidad populista— la responsabilidad de corregir el dislate de la supuesta política “liberalizadora” del gobierno central.

Aquí hay un segundo problema conceptual que tiene consecuencias prácticas. La gestión macroeconómica corresponde a las entidades centrales, más aún en un contexto de alta inflación, crisis de oferta, escasez de divisas y sanciones reforzadas por el gobierno de EE. UU. La descentralización administrativa hacia los gobiernos locales no altera esa función central. La estabilización macroeconómica nunca es el resultado de la suma de las decisiones locales de precios.

Manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre.

La reciente finta burocrática acerca de las decisiones locales no modifica lo esencial. Centrar el análisis en la “desviación” de los precios minoristas —como se hizo oficialmente en 2021— o afirmar ahora que no se trata de precios topados, sino de “precios de referencia” o límites al margen comercial, oculta el fallo más profundo y reiterado de la política de precios en Cuba: una comprensión deficiente de cómo funcionan los precios en condiciones de mercado.

En una economía de mercado, los precios no son simples resultados administrativos ni diseños fijados por decreto. Son señales que coordinan información dispersa sobre escasez, preferencias y costos de oportunidad. Permiten que exista un cálculo económico efectivo.

En 2021, con la Tarea Ordenamiento, y ahora con las 176 medidas, el gobierno cubano repite el mismo error de diseño en las políticas de modificación de precios relativos, tratando de alterarlos sin asegurar previamente la recuperación de la producción agropecuaria en un país donde más del 70 % del gasto familiar se destina a la alimentación.

No ha existido una autocrítica oficial razonada sobre el fracaso de la política macroeconómica de la “tarea ordenamiento” ni sobre la apresurada restauración de controles de precios de agosto de 2026, pero si el gobierno decidiera explicarse de manera entendible tendría que comenzar argumentando la razón por la que decidió hacer “ingeniería social” con los precios -dos veces- tomando como punto de partida una situación de aguda contracción de la oferta agropecuaria nacional.

Cuando la producción agropecuaria se contrae —por falta de inversión, insumos, incentivos distorsionados, controles excesivos o ineficiencia estatal—, la oferta se reduce y los precios minoristas suben de manera inevitable, independientemente de los topes, devaluaciones o aumentos salariales que se decreten.

Ese es un primer dato que conviene tomar en cuenta. Se intentó moderar la dinámica de precios con escasa capacidad de respuesta de oferta, una incongruencia que no merece ser rebatida apelando a la teoría. Sería suficiente actuar con sentido común.

El segundo dato que debe ser retenido es que, aunque la crisis de oferta agropecuaria se explica por diversos factores, hay una causa que expresa una elección consciente del gobierno: reducir el peso relativo de la inversión agropecuaria. Toda contracción del porcentaje de la inversión en un sector respecto a la inversión nacional indica una reducción de la prioridad de ese sector en la política económica del país.

Durante los primeros siete años de mandato del presidente actual, la inversión agropecuaria ha representado como promedio 4% de la inversión total. En los diez años anteriores (2008-2017) el promedio había sido mucho mayor al registrar 7% de la inversión nacional.

Nunca se ha intentado explicar oficialmente cómo pudiera asumirse que existiría capacidad de respuesta de oferta agropecuaria a partir de una reducción de la prioridad inversionista del sector. Probablemente porque los propios funcionarios se percatan de que no tienen una explicación racional.

Si un gobierno impone controles y topes de precios, la economía enseña a anticipar la escasez. En ausencia de una recuperación sostenida de la producción agropecuaria, cualquier intento de “ordenar” precios relativos desplaza la escasez hacia el mercado informal, genera colas, desvíos y una inflación reprimida que eventualmente estalla.

Intentar modificar los precios relativos (abaratar lo nacional frente a lo importado, o contener la inflación minorista) sin haber restablecido previamente la oferta real de alimentos equivale a manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre.

Saqueo legal con un nombre técnico.

El impacto humano resultante de la escalada de precios asociada a la gestión deficiente de políticas económicas es más importante que el análisis de la justificación de cambios de rumbo de política económica utilizando formulaciones como la “desviación del diseño” en 2021 y de los “precios de referencia resultantes de la evaluación económica de costos y gastos de comercialización” en agosto de 2026.

El jubilado que ahorró durante años y confió en una pensión, o el trabajador que cobra un salario y que ahora ven cómo se disuelve su poder adquisitivo no son abstracciones, son personas específicas, con situaciones familiares y con historias concretas de contribución a la sociedad, que observan como su bienestar personal y familiar se evapora.

La propia estadística oficial indica una reducción a largo plazo de la remuneración de los trabajadores como porcentaje del PIB, lo que significa que los trabajadores reciben una porción menor del valor creado, mientras el excedente controlado por el planificador central aumenta.

A partir del “ordenamiento” la remuneración de trabajadores promedió 26,7% del PIB, una cifra notablemente inferior al promedio de 35,6% registrado entre 2003 y 2020. Refleja una intensificación de la extracción de excedente a favor de la acumulación estatal o de prioridades definidas por el poder central, en detrimento de la parte que se entrega directamente a los trabajadores en forma de salarios.

Los trabajadores cubanos han sido víctimas de un saqueo legal que es resultado de las decisiones de funcionarios y parlamentarios que no se sienten responsables y que encubren su obediencia ciega a la “fuerza dirigente superior” (el PCC) y su incompetencia bajo el término técnico del momento. Es poco probable que asuman su responsabilidad por el desastre.