El gobierno no debe tener medios de prensa propios
Por Albert Fonse ()
Vancouver.- Si creo un partido político en una Cuba libre, una de las cosas que voy a hacer será oponerme de forma absoluta a que el gobierno —sea cual sea el partido que gobierne en ese momento— tenga medios de prensa propios. Ni canales de televisión estatales, ni emisoras de radio controladas por el poder, ni plataformas financiadas con dinero público para influir en la opinión de la población.
El gobierno no está para competir en el terreno informativo con ventaja; está para administrar. Sus comunicados pueden publicarse en sus redes oficiales, en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano, sin privilegios creados con los impuestos del pueblo.
Cuando el gobierno controla medios de comunicación, deja de ser un árbitro y se convierte en un actor con poder desproporcionado. Tiene la capacidad de construir narrativas, ocultar errores, exagerar logros y dirigir la conversación pública según sus intereses. Ese poder no es neutral: siempre termina utilizándose para sostener al partido que está en el poder. No es información, es propaganda financiada por todos.
Los ejemplos son claros. En países como Canadá o España, donde existen medios públicos vinculados al Estado, se repite el mismo patrón: líneas editoriales alineadas con el poder de turno, silencios estratégicos y cobertura sesgada. No hace falta una censura abierta para manipular; basta con decidir qué se muestra y qué se oculta. Eso ya condiciona la percepción de millones de personas.
El dinero público para influir
En contraste, en Estados Unidos, aunque existen medios con inclinaciones ideológicas claras, no pertenecen directamente al gobierno. Son actores privados que compiten entre sí. Esa diferencia cambia todo: el poder político no controla directamente el flujo de información, y eso limita su capacidad de manipulación.
Permitir que el gobierno tenga medios propios abre la puerta a varios problemas graves. Se usa dinero público para influir políticamente, se limita la pluralidad de voces, se crea una opinión pública artificial y se coloca a cualquier oposición en desventaja frente a un aparato mediático financiado con los impuestos de todos. No hay competencia justa cuando una de las partes controla el micrófono más grande.
En una Cuba libre, la prensa debe estar completamente separada del poder político. El gobierno no puede gobernar y al mismo tiempo controlar el relato. La única forma de garantizar transparencia real es eliminando cualquier herramienta que le permita influir en la información desde una posición privilegiada.
Porque cuando el gobierno tiene medios, la verdad deja de ser un derecho y se convierte en un instrumento de poder; y sin verdad, no hay libertad.
