Proyecto Dignidad, de María Elvira, favorece más al corporativismo demócrata que el trabajador americano
Por Carlos Carballido ()
Dallas.- La congresista republicana María Elvira Salazar sigue defendiendo su proyecto “DIGNIDAD Act” como una solución “humanitaria” y “bipartidista” a la crisis migratoria, pero los propios argumentos que utiliza revelan otra visión: es, en la práctica, un plan de amnistía y expansión de mano de obra barata que favorece a las grandes corporaciones y al viejo corporativismo demócrata mucho más que al trabajador americano medio.
Lejos de alinearse con el giro populista conservador de Trump, que coloca como prioridad al obrero estadounidense, la iniciativa de Salazar repite casi punto por punto la lógica de las “reformas migratorias integrales” que durante décadas impulsó el ala corporativa donante de los demócratas: legalizar a millones de inmigrantes ilegales, aumentar los cupos de inmigración legal sin analizar necesidades puntuales y garantizar a los grandes empleadores un flujo constante de trabajadores dispuestos a cobrar menos que los ciudadanos.
El DIGNIDAD Act ofrece amnistía o protección frente a la deportación a unos 10–11 millones de inmigrantes ilegales que residían en Estados Unidos antes de 2021, siempre que cumplan ciertos requisitos burocráticos.
El juego semántico
El proyecto incluye, además, vías aceleradas para que millones de los considerados “dreamers” obtengan green cards y, con el tiempo, acceso a la ciudadanía, consolidando así una regularización de facto que Salazar insiste en negar con el simple juego semántico de afirmar que “no es amnistía”. Pero lo es, y eso, de un plumazo, redibujaría los mapas electorales a corto plazo.
Este tipo de esquema —protección frente a la deportación, permiso de trabajo, camino gradual hacia la residencia y la ciudadanía— es el mismo patrón que se ha visto en anteriores intentos demócratas de “reforma integral”: se evita la palabra amnistía, pero se mantiene intacto el mensaje de fondo: entrar ilegalmente en Estados Unidos termina teniendo premio.
El punto más revelador no viene de los críticos, sino de la propia congresista. Salazar presume que su DIGNIDAD Act está pensado para proveer “cheap labor” (mano de obra barata) a todos los sectores de la economía estadounidense.
No se trata solo de una regularización puntual, sino de un rediseño del sistema migratorio para garantizar un flujo permanente de trabajadores extranjeros: el proyecto más que duplica determinadas categorías de inmigración basada en el empleo y “abre las compuertas” a estudiantes internacionales y otros visados que, en la práctica, funcionan como canales laborales de bajo costo para las empresas.
El extranjero sale más barato
El propio texto impulsado por Salazar codifica y fortalece programas como el Optional Practical Training (OPT), que permiten a las compañías contratar graduados extranjeros con un descuento aproximado del 15,5% en impuestos de nómina frente a un graduado estadounidense, haciendo al extranjero sistemáticamente más barato que el ciudadano que ha seguido las reglas y, en última instancia, trasladando esa carga al contribuyente.
Detrás del lenguaje de “dignidad”, “humanidad” y “bipartidismo” aparece siempre el mismo beneficiario: el gran capital.
Entre los donantes y aliados de Salazar se encuentran inversores que desean importar más médicos y enfermeras extranjeros, grandes empresas agrícolas que necesitan jornaleros baratos, fondos inmobiliarios que quieren más inquilinos y gigantes del consumo que buscan expandir su base de clientes.
Este bloque de intereses —Wall Street, agroindustria, construcción, restauración y servicios— es esencialmente el mismo que durante años ha empujado al Partido Demócrata a defender amnistías, incremento de visados y fronteras laxas con un discurso supuestamente progresista, pero con un resultado muy concreto: un mercado laboral inundado de trabajadores con menor capacidad de negociación.
El principal perjudicado es el trabajador americano de clase media y baja: el obrero industrial, el empleado de servicios, el joven graduado con deudas estudiantiles o el camionero que ve cómo su poder de negociación salarial se erosiona cuando la competencia se multiplica por decisiones políticas deliberadas. Así de simple.
Una jugada contra la competencia
La lógica económica es básica, aunque algunos pretendan ignorarla. Si el Estado, en lugar de proteger el mercado laboral nacional, inunda el país de nueva mano de obra (legalizada o recién llegada), la oferta de trabajadores crece más rápido que la demanda, y los salarios reales tienden a estancarse o bajar, especialmente en los segmentos de menor cualificación.
En contraste, las políticas de baja inmigración aplicadas durante la presidencia de Donald Trump, con más controles y deportaciones efectivas, obligaron a muchos empleadores a competir por trabajadores estadounidenses subiendo salarios y mejorando condiciones, fenómeno que algunos analistas han vinculado con incrementos salariales en el sector servicios.
El DIGNIDAD Act de Salazar revierte ese giro: sustituye el énfasis en “menos inmigración, salarios más altos” por “más inmigrantes regularizados y más visados, salarios más bajos pero mayor margen para la empresa”, aplicando el mismo guion que el establishment económico ha promovido durante décadas a través del Partido Demócrata y de sectores republicanos alineados con el lobby empresarial.
Se acercan las elecciones de medio término, y los votantes de María Elvira deberían preguntarse si vale la pena seguir votando a una RINO que no muestra empatía con la clase trabajadora estadounidense.
Amnistía a ilegales
Un conservadurismo orientado a la nación se basa en tres principios básicos que esta propuesta ignora:
· El Estado de derecho debe prevalecer, lo que implica que violar la ley migratoria tiene consecuencias, no recompensas.
· La prioridad de la política económica es elevar el nivel de vida del ciudadano nacional, no maximizar el margen de beneficio de las multinacionales.
· La soberanía implica controlar quién entra, cuánto entra y en qué condiciones, según el interés del país, no el de los lobbies.
La propuesta de Salazar colisiona con estos principios. Al ofrecer amnistía de facto a millones de inmigrantes ilegales, dificultar deportaciones e incluso permitir que algunos ya deportados puedan regresar si cumplen ciertos criterios, se transmite una señal de impunidad que erosionará la credibilidad del control fronterizo.
En lugar de reforzar la soberanía y la cohesión interna, el DIGNIDAD Act parece diseñado —según varios críticos republicanos— como un “caballo de Troya para la amnistía masiva” que, a medio y largo plazo, podría alterar la composición demográfica y electoral de estados clave en dirección favorable a los demócratas.
Por eso, más que un proyecto conservador orientado a la clase trabajadora estadounidense, esta propuesta se asemeja a una actualización del viejo guion demócrata: mucha retórica moral, mientras el verdadero dividendo cae del lado de las élites económicas que necesitan, de forma permanente, lo que la propia Salazar ha defendido abiertamente: “cheap labor para todos los sectores de la economía”.
