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Dos ciudadanos cubanos, Jorge Soto, de 57 años, y Leonardo Ortiz, de 63, fueron arrestados el pasado viernes en el suroeste de Miami-Dade, Florida, tras un operativo que desmanteló un criadero ilegal de gallos de pelea; informó Telemundo. Los cargos incluyen crueldad animal y actividades ilegales relacionadas con la cría y entrenamiento de estas aves para combates.
Durante la intervención, las autoridades encontraron más de 500 gallos de pelea enjaulados, así como un ring de entrenamiento. Se incautaron además numerosos artículos destinados a la preparación de los animales, como vitaminas, jeringas, medicamentos y sustancias para potenciar su agresividad. Según el reporte policial, ambos detenidos ofrecieron versiones contradictorias sobre su implicación. Soto afirmó acudir a la propiedad para ayudar en el cuidado, mientras que Ortiz, quien supuestamente residía en el lugar desde hacía menos de un mes, negó que los gallos se usaran para peleas y alegó que algunos pertenecían a terceros.
La situación legal de Ortiz se agrava por sus antecedentes penales por crueldad animal. Este incidente se suma a una serie de operativos contra peleas de gallos en la misma zona de Miami-Dade durante el último año, evidenciando la persistencia de estas actividades ilícitas.
En febrero pasado, Leonardo Cabrera, de 62 años, fue arrestado por cargos similares, incluyendo posesión de animales para peleas y crueldad animal, tras el descubrimiento de una operación de peleas de gallos en una propiedad suya. Cabrera también contaba con un historial de arrestos relacionados con esta práctica.
En mayo de 2025, una redada policial en una zona rural del suroeste de Miami-Dade resultó en la detención de 42 personas, varias de ellas cubanas, involucradas en una red de peleas ilegales. En esa ocasión, se incautaron 72 gallos y 39.147 dólares en efectivo, lo que subraya la magnitud económica de estas operaciones clandestinas.
En el estado de Florida, la organización, promoción o participación en peleas de animales es un delito grave. La legislación penaliza no solo a los organizadores, sino también a quienes financian, anuncian, apuestan o asisten a estos eventos ilegales. Las peleas de gallos pueden ser procesadas como delitos de tercer grado, con penas potenciales de hasta cinco años de prisión, libertad condicional y multas significativas.
Los cargos pueden agravarse si se demuestra intención deliberada de causar daño o sufrimiento extremo al animal, o si se comprueba que los animales eran mantenidos en condiciones insalubres, sin alimento adecuado o atención veterinaria. El hallazgo de medicamentos y equipos asociados al acondicionamiento para combate refuerza la evidencia de una práctica organizada.
