¡QUE NADIE TOQUE NADA! (II)

Por Madelyn Sardiñas Padrón ()

Camagüey.- En la entrega anterior se comentó acerca del impacto negativo de la prohibición de ejercer actividades de la industria manufacturera en el sector privado, pero no son las únicas. Cualquiera pudiera pensar que se trata exclusivamente de proteccionismo económico. ¡Qué va! Al partir de meros “principios” ideológicos, el resultado no puede indicar otra cosa que la intención hegemónica propia del régimen cubano en todos los ámbitos.

El ejemplo más ilustrativo es, tal vez, la prohibición de ejercer actividades de periodismo y la impresión de periódicos, revistas, libros, tabloides, mapas, etc.

Dice la Constitución cubana, que los medios fundamentales de comunicación social son de propiedad estatal. Nótese que dice “fundamentales» y no “todos». Si, además, el Estado es el medio a través del cual el pueblo ejerce su poder como único soberano, entonces estas prohibiciones son totalmente anticonstitucionales, aun si la propia Constitución declara al partido único como fuerza dirigente superior de la sociedad.

Estas prohibiciones violan los derechos de libre expresión y prensa, además de la económica, de quienes pudieran desempeñarla. En tanto, el derecho de acceso a la información de todas las personas se viola desde la propia Constitución, al establecer al Estado como única fuente para obtenerla. Esta es una de las tantas razones por las que se necesita una Asamblea Constituyente en Cuba.

La censura que se practica en todos los medios de prensa oficiales del régimen, cual si de un deporte se tratara, impide la participación ciudadana en la vida política del país. Además, le impide al pueblo conocer la ocurrencia de aquello que “no conviene» que se sepa, al evitar que salgan a la luz pública sus desmanes y gran parte de los hechos de corrupción.

La prohibición de imprimir libros y mapas afecta al sector educacional, obligando en muchos casos a los padres a usar el carísimo servicio de Internet, para recopilar la información que necesitan sus hijos.

En este mismo grupo de prohibiciones se encuentran el ejercicio de actividades profesionales y la creación de asociaciones para desarrollarlas, con énfasis en los abogados. Aún teniendo los jueces la última palabra, la intención obvia en este caso es mantener la presión sobre todos los actuantes en procesos penales, especialmente contra disidentes políticos, así como en procesos administrativos y laborales en los que la parte demandada es alguna institución estatal.