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Por Joel Fonte ()

La Habana.- La nulidad anticipada de todas las medidas anunciadas por el régimen ha sido explicada en los últimos días, dentro y fuera de Cuba, por múltiples politólogos, economistas, sociólogos, periodistas, académicos y juristas.

Todos han aportado sus propias razones para justificar por qué tales medidas no constituyen más que la continuidad de un esquema de manipulación: un ardid para prolongar, para dilatar la inevitable caída definitiva de un régimen que nunca tuvo —y menos hoy— presente ni futuro verdaderos que ofrecer a los millones de cubanos que lo hemos padecido.

En última instancia, solo multiplicarían la corrupción y el saqueo de los recursos públicos del país —un hecho ya abrumador— en favor de la misma élite que hoy lo controla.

Pero hay una causa fundamental, el núcleo de esa imposibilidad de lograr un cambio verdadero bajo este régimen, y quiero sintetizarla aquí con ocasión de la reaparición del señor Raúl Castro, dictador de 94 años: el absoluto irrespeto de esa dictadura hacia el concepto de legalidad, hacia las leyes que, por demás, son resultado de sus propias imposiciones.

Un Estado moderno que pretenda edificar una estructura democrática tiene que garantizar, en primer orden, el imperio de la ley; tiene que ser un Estado de derecho, entendido como aquel en el que existe igualdad absoluta de todos los ciudadanos ante las normas que estructuran y organizan la vida de la nación, con independencia de su raza, género, sexo, creencias, ideologías o poder económico. Todos están sujetos a las mismas obligaciones y todos tienen iguales derechos frente a la ley.

Un país controlado por un puñado

Ese Estado tiene, asimismo, que garantizar que el sistema de justicia, que los tribunales encargados de aplicar esa ley, gocen de independencia y de autonomía, sin subordinación a ninguna fuerza política o interés ideológico. ¿Y cuál es la realidad del país donde hoy el castrismo ejerce su autoritarismo? ¿Cuál es la realidad del país donde esa misma dictadura prevé actuar? Es un país sujeto a la voluntad de un puñado de hombres, con o sin el apellido Castro, con rostros de fósiles o renovados, pero guiados por la misma concepción del poder como fuente de privilegios, como medio y herramienta contra el pueblo y contra cualquier propósito de este de adquirir y ejercitar verdaderos derechos, de construir una sociedad de democracia real.

Lo que el castrismo concibe con sus medidas económicas recicladas es una sociedad que siga subordinada al poder, que le sirva a sus fines, desconociendo que los gobiernos, por el contrario, se constituyen para servir a los pueblos, de los que emana la soberanía, la autoridad. Y, para regresar al señor Castro, véase el simbolismo de su figura frente al cuadro antes descrito: un anciano que, cercano a un siglo de vida, sin poder apenas sostenerse ya por sí mismo, sigue aferrado al poder y mostrando su autoridad incluso con desprecio de la Constitución que él mismo impuso en 2019.

Castro no es hoy más que un diputado en ese concierto de sordomudos y gramófonos con guion que es la llamada Asamblea Nacional; un hombre que nominalmente no tiene ningún poder político, ni siquiera inmunidad inmediata, pero que actúa como el monarca, como el señor feudal, como el déspota que mira a todos por sobre el hombro, incluidos aquellos que, como bufones, puso a fingir pálidamente que gobiernan. Un hombre que se hizo redactar un título —al margen de esa misma ley— conforme a la nueva nobleza en que devino su clase: «general de cuerpo de ejército, líder de la Revolución cubana». Esa es la Cuba que nos proponen y que nos imponen que acatemos por sesenta y siete mil milenios.

No más dictadura en Cuba. Basta de tolerar injusticias. No más temor.

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