Marchar no es una opción: Es una orden encubierta
Por Jorge L. León (Historiador e investigador)
Houston.- En Cuba no hace falta un documento firmado para amenazar. La amenaza está incorporada al sistema. Cuando el Partido Comunista “convoca” a marchar, lo que emite no es una invitación política, sino una orden administrativa con consecuencias reales.
El 95 % de los cubanos depende directa o indirectamente del Estado: empleo, salario, estímulos, vivienda, permisos, evaluaciones laborales. Esa dependencia convierte cualquier “llamado” en un mecanismo de coerción automática. Quien no asiste, se marca.
La presión no es sutil:
• Se pasa lista en los centros de trabajo
• Se reporta la “actitud política”
• Se señalan ausencias como falta de compromiso
• Se castiga con silencios administrativos, no con leyes.
No hace falta gritar amenazas cuando el miedo ya sabe a quién obedecer.
El militante lo entiende mejor que nadie: no marchar es cuestionar la lealtad. Y en Cuba, la deslealtad se paga. El trabajador estatal lo sabe también: quedarse en casa puede costar más que ir a la marcha.
Por eso las plazas se llenan. No de convicción, sino de dependencia.
Lo que el régimen muestra al mundo como movilización popular es, en realidad, teatro político: cuerpos obligados, consignas prestadas, entusiasmo fingido. Una escenografía diseñada para engañar al exterior y recordarle al interior quién manda.
No es el pueblo marchando. Es el Estado empujando.
