La tierra que no da frutos: el agro cubano y la farsa de las 176 medidas
Por Jorge Sotero ()
La Habana.- El campo cubano lleva décadas siendo un enfermo crónico. No es que le falte tierra, ni sol, ni manos. Le falta algo mucho más difícil de recuperar en el corto plazo: confianza. Y las 176 medidas oficiales, lejos de inyectarle un antídoto, parecen recetarle más del mismo placebo: usufructo con nombre nuevo, propiedad estatal con disfraz de cambio y una discrecionalidad que mantiene al campesino con un pie en el arado y otro en la incertidumbre.
Los datos son tozudos. En 2021, el sector privado —entre propietarios y usufructuarios— produjo más de tres cuartas partes de las viandas, hortalizas y frijoles del país. Pero ese protagonismo productivo no se corresponde con la propiedad de la tierra, que sigue siendo mayoritariamente estatal. Esa contradicción es el nudo gordiano del agro cubano: quien produce no es dueño, y quien es dueño no produce. Y mientras tanto, los estantes de las bodegas siguen vacíos.
El usufructo ilimitado que propone el gobierno es, en el mejor de los casos, una privatización encubierta. El Estado conserva el título formal, pero cede el control efectivo al usufructuario. Suena a avance, pero en la práctica es una trampa: el productor sabe que puede perderlo todo por un capricho administrativo, por un cambio de funcionario o por una interpretación arbitraria de la norma. No hay banco que preste sobre una garantía tan frágil. No hay inversor que ponga dinero a largo plazo sobre una tierra que puede ser revocada al año siguiente.
La incertidumbre, el veneno que mata todo
Y ahí reside el problema de fondo: la incertidumbre no es un detalle menor, es un veneno lento que mata cualquier intento de recuperación. El campesino no va a plantar árboles frutales si no sabe si estará allí para cosecharlos. No va a invertir en sistemas de riego si teme que el usufructo se le rescinda. No va a mejorar la tierra si sabe que su esfuerzo puede beneficiar al próximo usufructuario. El corto plazo, en ese contexto, es un lujo que el agro cubano no puede permitirse.
Frente a este panorama, la propuesta de Cuba Transformación parece un espejo de sentido común: privatización con reglas claras, límites a la concentración, acceso al crédito hipotecario y seguridad jurídica. No se trata de entregar la isla a los inversionistas, sino de ordenar lo que ya existe. Porque lo que el gobierno llama «usufructo ilimitado» no es más que un cheque sin fondos: promete libertad pero entrega dependencia; ofrece tierra pero niega certeza.
El problema no es solo jurídico, es también psicológico. Generaciones de cubanos han aprendido a desconfiar del Estado, a vivir en el día a día, a no planificar más allá de la próxima cosecha. Esa cultura del cortoplacismo no se desmonta con un decreto ni con una circular. Se desmonta con hechos, con seguridad, con reglas que no se cambien al capricho de un burócrata. Y eso, en el escenario actual, no va a ocurrir en los próximos meses ni quizás en los próximos años.
No hay…
La tierra, mientras tanto, sigue ahí. Ociosa en muchos casos, mal aprovechada en otros. Y los cubanos, mientras tanto, siguen haciendo cola para comprar un pollo que no llega. El campo no se recupera porque no hay incentivos para recuperarlo. No hay crédito, no hay maquinaria, no hay semillas, no hay combustible, no hay confianza. Y sin confianza, el usufructo es solo una palabra bonita para adornar la misma realidad de siempre.
Quizás dentro de diez años, cuando el hambre apriete más, alguien recuerde que hubo un momento, en 2026, en que se pudieron tomar decisiones distintas. Pero mientras tanto, el agro cubano seguirá dando tumbos, produciendo apenas para sobrevivir, mientras los políticos discuten sobre plazos y los campesinos miran el cielo esperando que llueva —y no solo agua, también justicia. Porque el campo no espera milagros; espera certezas. Y esas, en esta Cuba, son el producto más escaso.
