Piloto que caminó libremente por Miami es ahora pieza clave para juicio a Raúl Castro

Por Carlos Carballido ()

Dallas.- Todo iba bien para el expiloto de las FAR Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, caminando libremente por Florida, hasta que aplicó para su residencia permanente.

González-Pardo Rodríguez había entrado como “Pedro por su casa” en la era de Biden y mintió al decir que era un ciudadano común. Omitió el oprobio más asqueroso: haber sido uno de los integrantes del equipo que pulverizó a las avionetas civiles donde volaban ciudadanos americanos.

Tras la acusación de la Fiscalía Federal de Florida por fraude, este piloto se ha convertido ahora en un “testigo de cadena de mando” para elaborar una acusación formal contra Raúl Castro como la persona que ordenó directamente el ataque.

Al parecer, es lo que se anunciará este 20 de mayo, con motivo de una fecha tan importante para los cubanos del viejo exilio.

Siempre nos preguntamos por qué el gobierno de Bill Clinton escondió los audios solicitados por la Asociación Internacional de Aviación Civil, en los que se escuchaba claramente la orden de derribo dada por el menor de los Castro. Nadie sabe.

Por insistencia de los familiares de los pilotos derribados, los audios fueron publicados en 2006 sin que hubiera alguna acusación oficial del Departamento de Justicia.

Tampoco entendimos por qué esa inacción estadounidense, y de ahí salieron las conspiraciones.

Solo hay una razón jurídica fundamental: los audios son pruebas de la fiscalía, pero para ser concluyentes deben tener un testigo de cadena de mando que los confirme, para entonces proceder a un juicio contra un superior, en este caso Raúl Castro y sus subalternos directos implicados.

Analistas legales consideran que este giro con el piloto de marras se debe más bien a un arreglo con la fiscalía a cambio de inmunidad o la evitación de al menos 15 o 20 años en una institución federal.

La potencia de esta historia está en el contraste. Un exintegrante de la Fuerza Aérea cubana, vinculado por investigadores y fiscales a la estructura que ejecutó el derribo, logró vivir en Florida mientras el expediente histórico seguía abierto en la memoria del exilio y en los archivos judiciales de Estados Unidos.

La imagen del hombre que caminó libremente por Miami resume una anomalía: uno de los nombres conectados a una de las operaciones más infames del castrismo llevaba años fuera del alcance visible del debate público oficial de políticos y politiqueros, aunque a millones de nosotros nos parecía aberrante.

Ese cargo de fraude, aparentemente técnico, fue el mecanismo que permitió a la justicia federal colocarlo bajo jurisdicción y, con ello, abrir la posibilidad de cooperación en un caso mayor.

A primera vista, podría parecer que el proceso por fraude migratorio y el eventual caso contra Raúl Castro pertenecen a planos distintos. En realidad, forman parte de una misma arquitectura: el primer proceso asegura la presencia física y la presión judicial sobre un actor operativo; el segundo busca establecer la responsabilidad penal de quien ocupaba la cúspide de la cadena de mando militar cubana.

Ese enlace es crucial. Los audios atribuidos a Raúl Castro tienen un enorme peso político y simbólico, pero un caso penal serio necesita algo más que una “confesión” grabada: necesita testigos internos que expliquen cómo funcionaba la jerarquía real dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No basta mostrar que Raúl habló o se atribuyó la orden; hay que demostrar que esa orden bajó por canales institucionales reconocibles hasta traducirse en una acción concreta de intercepción y derribo.

Ahí es donde el piloto adquiere valor estratégico.

Si declara que una acción de derribo contra aeronaves civiles no podía realizarse sin luz verde de la cúpula, su testimonio serviría para convertir una grabación comprometedora en una cadena probatoria mucho más robusta.

En procesos de esta naturaleza en EE.UU, la discusión central no es solo si ocurrió el hecho, sino quién lo ordenó, quién lo conocía y bajo qué estructura de control se ejecutó.

El derribo de las avionetas ya forma parte del registro histórico del conflicto entre el régimen cubano y Hermanos al Rescate, y es uno de los episodios sin solución que sufrimos los exiliados y que nadie se atrevió a encausar. Ahora no hay excusa.

Sin embargo… lo que está sobre la mesa es si el DOJ procederá y abrirá la puerta legal a Trump para una operación Maduro 2.2.

Eso es en lo que yo no tengo mucha esperanza, porque en el Congreso o el Senado la simpatía hacia los Castro ha sido más que evidente.