¿Por qué las sanciones de EEUU nacen en La Habana?

Por Sergio Barbán Cardero ()

Miami.- Existe una narrativa largamente difundida, casi convertida en dogma, que presenta las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba como una agresión unilateral e imperialista destinada a asfixiar a un país. Sin embargo, cuando uno se desprende de la propaganda y acude al rigor histórico, la realidad aparece con una claridad demoledora: el embargo y las leyes restrictivas no fueron el origen del problema, sino la respuesta legal y política a medidas antipopulares, confiscaciones y atropellos dictados primero desde La Habana.

No estamos simplemente ante un conflicto geopolítico entre dos Estados soberanos. Lo que vemos, en el fondo, es la reacción de una parte de la nación cubana (especialmente su exilio) utilizando los canales institucionales y el peso político de una democracia para defenderse de una dictadura totalitaria.

El relato oficialista asegura que el “bloqueo” nació en febrero de 1962 para destruir la Revolución. La historia real demuestra otra cosa: fue la respuesta jurídica al mayor robo estatal sin indemnización en la historia del hemisferio. Entre 1959 y 1960, el régimen confiscó tierras, industrias, comercios y pequeños negocios, despojando no solo a corporaciones estadounidenses, sino también a cientos de miles de cubanos que perdieron los ahorros, las propiedades y el fruto de toda una vida de trabajo.

Por si fuera poco, la Ley 989 de 1961 decretó que todo cubano que emigrara perdía legalmente cuanto dejaba en la isla: desde su casa hasta su ropa. Aquellos cubanos saqueados llegaron al exilio y, amparados en el derecho internacional y en las instituciones democráticas de Estados Unidos, exigieron justicia. El embargo no nació de un capricho en la Casa Blanca; nació en La Habana, como consecuencia directa del despojo masivo y no compensado ejecutado por Fidel Castro.

A medida que la comunidad cubana en el exilio se integró al sistema político estadounidense, las sanciones dejaron de ser simples decretos presidenciales y comenzaron a convertirse en leyes federales impulsadas, en buena medida, por los propios cubanoamericanos. Cada vez que el régimen apretó el acelerador de la represión, el exilio respondió con legislación.

Ocurrió en 1992 con la Ley Torricelli, en medio del atrincheramiento del régimen tras la caída de la URSS. Y quedó demostrado de forma trágica en 1996, cuando el 24 de febrero cazas MIG de la Fuerza Aérea cubana derribaron en espacio aéreo internacional dos avionetas civiles e indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, asesinando a cuatro personas.

La respuesta del exilio fue unánime: presionar al presidente Bill Clinton para firmar la Ley Helms-Burton. Esa ley codificó el embargo, le quitó al presidente la facultad de levantarlo unilateralmente y dejó esa decisión en manos del Congreso, condicionada a una transición democrática en Cuba. Una vez más, un crimen cometido en La Habana produjo una ley en Washington.

El mito del “diálogo de igual a igual. Incluso en los momentos de mayor acercamiento, como el llamado “deshielo” durante la administración de Barack Obama, el régimen intentó aplicar sus sanciones internas contra los propios emigrados. Cuando se abrió la ruta de cruceros entre Miami y La Habana, el gobierno cubano pretendió mantener una vieja prohibición: impedir que los nacidos en la isla entraran a su propio país por vía marítima.

La empresa Carnival aceptó inicialmente esa discriminación en suelo estadounidense, pero la reacción del exilio fue fulminante. Entre demandas judiciales, denuncias públicas y protestas, la compañía tuvo que rectificar y amenazó con no zarpar si Cuba no cambiaba la norma. Para no perder los millones del turismo, La Habana capituló en abril de 2016. La presión del exilio le dobló el brazo a una medida discriminatoria del régimen… Pero ojo, exigió que desembarcaran con pasaporte cubano, una medida que se mantiene en la actualidad al entrar por puertos y aeropuertos.

Hoy, cuando la dictadura se muestra supuestamente dispuesta a un acercamiento con Estados Unidos, sus principales voceros colocan de inmediato una trampa retórica burda. Miguel Díaz-Canel, Carlos Fernández de Cossío y Bruno Rodríguez han repetido públicamente, en más de una ocasión, el mismo libreto: que el sistema político cubano no es negociable, que el orden constitucional no está sobre la mesa y que cualquier diálogo debe darse “de igual a igual”, sin tocar los llamados asuntos internos de Cuba.

La maniobra es evidente. Pretenden presentar las demandas democráticas de los cubanos como si fueran imposiciones extranjeras. Pero Estados Unidos no exige cambios políticos en Cuba para beneficio de los ciudadanos de Kentucky o de Texas. Washington funciona, en este tema, como caja de resonancia de las exigencias de casi tres millones de cubanos en su territorio y de millones de cubanos dentro de la isla que no pueden expresarse libremente.

Es aberrante que el Partido Comunista de Cuba pretenda declarar “irrenunciable” un sistema que somete a la mayoría, excluye a la diáspora y criminaliza la discrepancia. Quienes reclamamos participación política, elecciones libres, pluralismo y democracia somos los cubanos. El régimen intenta internacionalizar el conflicto llamándolo “diferendo con el imperio” para ocultar que, en realidad, se trata de una guerra de la cúpula gobernante contra sus propios ciudadanos.

A quienes exigen ingenuamente —o con calculada complicidad— que “Estados Unidos levante el bloqueo”, conviene recordarles una verdad incómoda: ese embargo no ha sido sostenido por un capricho de Washington, sino por ciudadanos cubanoamericanos que han exigido a sus representantes electos una respuesta frente a los abusos del poder totalitario.

El régimen de La Habana es quien verdaderamente bloquea y sanciona. Bloquea el derecho de los cubanos a elegir libremente su destino. Sanciona a los profesionales que intentan viajar. Castiga a los médicos que abandonan las misiones oficiales. Obliga a los cubanoamericanos a pagar pasaportes abusivos y les impide entrar a su país con la ciudadanía que adoptaron libremente. Confisca el fruto del trabajo privado. Persigue al emprendedor independiente. Encarcela al que disiente. Expulsa, destierra, chantajea y reprime.

Mientras el gobierno cubano siga imponiendo sanciones internas y medidas antipopulares contra su propio pueblo, la comunidad cubana en el exilio seguirá usando su influencia legítima dentro de la democracia estadounidense para mantener, defender o aumentar las sanciones externas. La física política es simple: a cada acción de opresión en la isla corresponderá una reacción de sanción desde el exterior.

Por eso, la llave del embargo nunca ha estado realmente en Washington. Siempre ha estado en La Habana. Pero el régimen prefiere culpar al vecino antes que soltar la garganta del pueblo que lleva más de seis décadas apretando.