Lecciones de Cuba para América Latina: Cuando la justicia deja de ser independiente (IV)
Por Jorge L. León (Historiador e investigador)
Los tribunales al servicio del poder
Houston.- Las democracias no desaparecen únicamente cuando se cierran los parlamentos o se suspenden las elecciones. En muchas ocasiones continúan existiendo tribunales, códigos y jueces. Lo que desaparece es la independencia de la justicia.
Cuando el Poder Judicial deja de servir a la ley para servir al gobernante, el ciudadano pierde el último refugio frente al abuso del Estado.
La experiencia cubana constituye uno de los ejemplos más claros de este proceso en América Latina. Después de 1959, la independencia judicial fue sustituida progresivamente por un sistema donde los tribunales quedaron subordinados a los intereses políticos del régimen. La justicia dejó de ser un poder del Estado para convertirse en un instrumento del poder.
En esas condiciones, el acusado deja de enfrentarse únicamente a un fiscal. En realidad se enfrenta a todo el aparato político que previamente ha decidido cuál debe ser el resultado del proceso.
El poder y el miedo del juez
Cuando un juez teme contrariar al poder, la sentencia deja de depender de las pruebas y comienza a depender de la conveniencia política.
La historia demuestra que este fenómeno no aparece de un día para otro. Primero se desacredita a quienes defienden la independencia judicial. Después se modifican las leyes para aumentar el control del Ejecutivo. Finalmente, los nombramientos, ascensos y permanencia de los jueces quedan sujetos a la fidelidad política y no a su capacidad profesional.
A partir de ese momento, la ley pierde su esencia. Ya no protege al ciudadano frente al Estado; protege al Estado frente al ciudadano.
Las consecuencias son profundas. Los opositores encuentran enormes obstáculos para obtener un juicio imparcial. Los periodistas críticos enfrentan procesos judiciales desproporcionados. Los defensores de los derechos humanos viven bajo permanente amenaza legal. El ciudadano común aprende que reclamar justicia puede convertirse en un riesgo personal.
Sin una justicia independiente desaparece también la confianza pública. La población deja de creer en los tribunales porque comprende que muchas decisiones responden a intereses políticos y no al principio de imparcialidad.
Ésta constituye una de las lecciones más importantes que Cuba ofrece hoy a América Latina.
La importancia de la justicia autónoma
No basta con conservar edificios judiciales, jueces togados o códigos cuidadosamente redactados. Lo verdaderamente indispensable es preservar la autonomía de quienes administran justicia. Allí donde un magistrado recibe instrucciones del poder político, la democracia comienza a perder uno de sus pilares fundamentales.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es el derecho de todos los ciudadanos a ser juzgados únicamente por la ley.
Cuando ese principio desaparece, la libertad comienza a depender de la voluntad de quienes gobiernan y no de la protección de las instituciones.
La historia cubana demuestra que ninguna sociedad pierde la justicia de un solo golpe. La pierde lentamente, mediante pequeñas concesiones, silencios oportunistas y reformas aparentemente inofensivas, hasta que un día descubre que ya no existe un tribunal capaz de defender al ciudadano frente al poder.
Esa es, quizá, una de las advertencias más valiosas que América Latina debería escuchar antes de que sea demasiado tarde.
