Cubalex denuncia 115 muertes de presos en cárceles de Cuba entre 2024 y 2026
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Por Anette Espinosa
La Habana.- Cuba tiene 115 nuevas razones para hablar de una dictadura que lleva décadas convirtiendo las cárceles en lugares donde la vida vale cada vez menos. Entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, Cubalex documentó 115 muertes bajo custodia estatal en establecimientos penitenciarios de la isla.
El dato resulta demoledor: en al menos 80 casos, cerca del 70 % del total, aparecen la negligencia o la negación de atención médica. Retrasos en la asistencia, tratamientos interrumpidos, ausencia de medicamentos y falta de respuesta ante riesgos conocidos forman parte de este cuadro.
La lista de desgracias continúa. Cubalex atribuye al menos 21 fallecimientos a desnutrición severa o inanición y otros 12 a tuberculosis. También documenta casos de violencia letal, muertes bajo circunstancias sospechosas, suicidios precedidos por depresión desatendida e intentos previos sin seguimiento, además de fallecimientos provocados por otros reclusos.
Siete personas fueron liberadas mediante excarcelaciones o licencias extrapenales cuando su deterioro ya era irreversible y murieron horas o días después. La organización advierte que una salida formal de prisión no borra las posibles responsabilidades derivadas de las condiciones sufridas durante el encierro.
Santiago de Cuba concentra 29 de los casos, La Habana 21 y Mayabeque 16. Las tres provincias acumulan más de la mitad de las muertes registradas. Guantánamo aparece después, con 11 fallecimientos, varios relacionados con desnutrición, inanición y tuberculosis.
De las 115 víctimas, 112 son hombres y tres mujeres; el promedio de edad alcanza 41,9 años. El informe presenta además un componente racial: 31 fallecidos, equivalentes al 27 %, eran afrodescendientes.
Todo esto ocurre dentro de una red penitenciaria sometida al secretismo oficial y con escasos mecanismos independientes para investigar las circunstancias de cada muerte.
La dictadura cubana puede seguir hablando de conquistas, resistencia y bloqueo, aunque las cifras cuentan otra historia. Una persona que entra viva a una prisión bajo control del Estado tiene derecho a recibir alimentación suficiente, atención médica y protección.
Cuando una organización independiente documenta 115 muertes en poco más de dos años, con la desatención médica presente en siete de cada diez casos, ya no estamos frente a simples errores administrativos. Estamos frente a un sistema penitenciario que exige investigaciones independientes, transparencia y responsabilidades.
La crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos agravan el panorama nacional, aunque dentro de las cárceles el drama adquiere una dimensión todavía más brutal: allí el Estado controla la puerta, la comida, la medicina y la libertad del preso.
