Denuncian presunta corrupción de inspectores del Transporte en Ciego de Ávila: hasta 10 000 pesos por conseguir un viaje
Por Yeison Derulo
Ciego de Ávila.- La corrupción vuelve a salpicar a las instituciones del régimen cubano. Esta vez, las denuncias apuntan a varios inspectores del Transporte ubicados en el conocido punto de «Los Amarillos», a la entrada de la ciudad de Ciego de Ávila, señalados por convertir la desesperación de los pasajeros en un lucrativo negocio, según dio a conocer en sus redes el periodista José Luis Tan Estrada..
De acuerdo con Tan Estrada, los funcionarios estarían cobrando dinero a cambio de conseguir transporte para quienes pasan horas esperando un vehículo. Las cifras resultan escandalosas. Según las denuncias, el precio puede llegar hasta los 10 000 pesos, dependiendo del destino. Para trayectos más cortos, durante las tardes exigirían alrededor de 1 000 pesos por pasajero, monto que luego repartirían entre los implicados.
También asegura que utilizan un camión particular para comercializar viajes de corta distancia, aprovechando el colapso del transporte público que afecta a toda la provincia.
El hecho refleja el profundo deterioro de las instituciones cubanas. Funcionarios encargados de organizar el traslado de la población terminan utilizando su cargo para obtener beneficios personales, aprovechándose de ciudadanos que no tienen otra alternativa para regresar a sus hogares.
El verdadero responsable de esta situación no es únicamente quien extiende la mano para cobrar. La raíz del problema está en un sistema que ha destruido el transporte público, ha normalizado la impunidad y ha permitido que numerosos funcionarios actúen con la certeza de que difícilmente rendirán cuentas.
Miles de cubanos sobreviven cada día entre largas colas, carreteras abarrotadas y una escasez permanente de vehículos. A ese panorama se suma ahora la presunta extorsión de quienes deberían garantizar un servicio transparente y velar por el interés de la población.
La dictadura insiste en presentar la corrupción como hechos aislados. Sin embargo, denuncias de esta naturaleza aparecen con frecuencia en distintos sectores del país y evidencian un problema estructural. Cuando un ciudadano necesita pagar miles de pesos para acceder a un derecho tan básico como trasladarse, el fracaso ya no pertenece a un funcionario en particular. El fracaso alcanza a todo un modelo que convirtió las necesidades del pueblo en oportunidades para el abuso y el enriquecimiento de unos pocos.
