El delito de tener un teléfono y de no apludir al régimen

Por Anette Espinosa ()

La Habana.- Hay un momento en que la tiranía se vuelve tan torpe que ya no sabe qué inventar para justificar su propia existencia. Y ese momento es ahora, en Cuba, donde una joven de veintiún años llamada Ana Sofía Benítez Silvente —conocida en redes como Anna Bensi— fue sentada en el banquillo de los acusados por el delito de grabar con su teléfono a un oficial del Ministerio del Interior que se presentó en su casa, vestido de civil, a entregar una citación de la Seguridad del Estado. Eso es todo. Eso es el crimen. Un teléfono. Una pantalla. Una mujer que se atrevió a documentar lo que cualquier ciudadano del mundo civilizado tiene derecho a documentar: la actuación de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

El oficial, Yoel Leodán Rabaza Ramos, alega que la publicación del video vulneró su intimidad. Su abogado pide dos años de limitación de libertad para Ana Sofía y para su madre, Caridad Silvente, y exige que graben un video público de disculpa y retractación. Es decir: no basta con castigarlas. Hay que humillarlas. Hay que obligarlas a mentir. Hay que hacerles decir, frente a una cámara, que se equivocaron al decir la verdad. Eso no es justicia. Eso es venganza. Eso es el manual de la dictadura más vieja de Occidente, que no soporta que alguien le devuelva su propia imagen.

Y no es la primera vez. Los encontronazos de Ana Sofía con las autoridades empezaron mucho antes del incidente de marzo, cuando ella comenzó a usar las redes sociales para hablar de las condiciones de vida en Cuba y de sus experiencias personales. La presión no tardó en extenderse a su familia. Porque así funciona el castrismo: no te persigue solo a ti. Te persigue a tu madre. A tu hermano. A tu vecino. A cualquiera que te acompañe. El mensaje es inequívoco: si hablas, pagas. Y si alguien te apoya, paga contigo.

Miles de presos políticos

El juicio de este jueves en el Tribunal Municipal de La Habana del Este fue una demostración más de ese modus operandi. Cerca de treinta representantes de asociaciones religiosas cubanas acudieron a mostrar su respaldo a Ana Sofía y a su madre. La policía respondió con un despliegue que la propia activista denunció como un cerco: agentes vestidos de civil, patrullas frente a las viviendas de los integrantes del colectivo Fuera de la Caja, y detenciones. El pastor Rolando Fidel Pérez, conocido como El Pregonero de Cristo, y su esposa fueron detenidos esposados. David Espinosa fue arrestado cuando se dirigía al tribunal. No los detenían por delinquir. Los detenían por acompañar. Por solidarizarse. Por no dejar sola a una muchacha que se atrevió a pensar en voz alta.

Y mientras esto ocurre, mientras una joven enfrenta dos años de condena por grabar a un policía, en las cárceles cubanas se pudren más de mil trescientos presos políticos, según la organización Prisoners Defenders. La cifra exacta al cierre de agosto de 2026 era de 1.339, un récord histórico. Pero el número real es aún más escalofriante si se mira el acumulado: más de dos mil personas han pasado por prisión por motivos políticos desde las protestas del 11 de julio de 2021. La dictadura no solo encarcela: se ha convertido en una máquina de producir presos por el delito de disentir. Y lo hace con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a mover un dedo para impedirlo.

Ana Sofía lo dijo antes de entrar al tribunal, con una serenidad que desarma: “Ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos”. Tiene razón. Un teléfono no es un arma. Un teléfono es un instrumento de libertad. Y por eso el régimen le tiene tanto miedo. Porque un teléfono puede mostrarle al mundo lo que pasa dentro de una casa cuando llega la Seguridad del Estado. Puede mostrarle al mundo que el oficial que alega “intimidad vulnerada” estaba haciendo un trabajo sucio. Puede mostrarle al mundo que en Cuba, el simple acto de grabar a un funcionario público es motivo de juicio, de condena y de humillación pública.

Ana Bensi no está sola y ‘ellos’ lo saben

Lo que le hicieron a Ana Sofía Benítez no es un caso aislado. Es la política de un Estado que no admite críticas, que no soporta el escrutinio, que no tolera que nadie le diga que su gestión es un desastre. Un Estado que se cae a pedazos —sin comida, sin medicinas, sin electricidad, sin transporte— pero que todavía encuentra recursos para montar un juicio contra una muchacha y su madre por haber grabado un video. Un Estado que persigue, encarcela y condena, y que mientras tanto se presenta ante el mundo como un defensor de los derechos humanos. Un Estado que ha convertido la palabra “disidente” en sinónimo de “enemigo”, y la palabra “teléfono” en sinónimo de “delito”.

Que quede claro: Ana Sofía Benítez no está sola. No está sola porque su madre está con ella, sentada en el mismo banquillo, enfrentando la misma condena. No está sola porque decenas de cubanos se han pronunciado, dentro y fuera de la isla, para exigir su libertad. No está sola porque hay más de mil trescientos presos políticos en Cuba que comparten con ella la misma celda moral: la de haber dicho lo que pensaban en un país donde pensar es el delito más grave. Y no está sola porque cada vez que el régimen encarcela a alguien por expresarse, está confesando, sin querer, que tiene miedo. Miedo de un teléfono. Miedo de una pantalla. Miedo de una joven de veintiún años que se atreve a mirarlo a los ojos y decirle: “No estamos de acuerdo con el sistema, y eso no es delito”.