Sin propiedad plena no hay libertad económica
Por Albert Fonse ()
Vancouver.- Una de las reformas fundamentales que impulsaría en una nueva Cuba sería el fortalecimiento absoluto del derecho de propiedad sobre la tierra. El ciudadano que compre legalmente un terreno debe ser reconocido como propietario no solo de la superficie, sino también de lo que exista debajo de ella y del espacio aéreo útil por encima de su propiedad hasta un límite razonable claramente definido por ley.
La propiedad privada no puede seguir siendo una ficción parcial donde el Estado decide arbitrariamente qué parte de tu tierra realmente te pertenece. Debe ser un derecho integral, real y protegido.
Eso significa que el primer propietario de una parcela tendría control total sobre la superficie, sobre el subsuelo y sobre el espacio aéreo utilizable de su terreno. Si bajo esa tierra se descubre petróleo, gas, minerales, agua u otros recursos naturales, esos recursos pertenecerían al dueño de la propiedad, no al Estado. Ningún gobierno podría apropiarse de ellos unilateralmente ni autorizar su explotación sin el consentimiento expreso del propietario.
Si una empresa el Estado desea explotar esos recursos, tendría que negociar directamente con el dueño de la tierra como se negocia cualquier activo privado en una economía libre. El propietario tendría pleno derecho a aceptar, rechazar, exigir regalías, vender parcialmente esos derechos o mantenerlos sin explotar. Sin su autorización no habría extracción posible. Nadie podría obligarlo a abandonar su propiedad ni imponerle una explotación contra su voluntad.
Libertad total al propiestario
Ese propietario también tendría la libertad de separar jurídicamente sus derechos de propiedad. Podría vender la superficie y conservar los derechos minerales. Podría vender únicamente los recursos del subsuelo. Podría vender servidumbres específicas sobre determinada profundidad o espacio aéreo. Podría incluso negociar por separado el uso del espacio superior para infraestructura, energía o telecomunicaciones. La tierra dejaría de ser un activo rígido y pasaría a ser un conjunto de derechos negociables que el individuo controla libremente.
Todo comprador posterior tendría la obligación de conocer qué derechos vienen con la propiedad antes de adquirirla. Si los derechos minerales, aéreos o de determinada profundidad ya fueron vendidos anteriormente, eso tendría que constar de forma pública y transparente en el registro de propiedad. Nadie podría alegar desconocimiento después de comprar.
Este modelo convertiría la tierra en un verdadero instrumento de riqueza para el ciudadano y no en un activo subordinado al poder político. Un campesino sobre cuya finca se descubra un recurso estratégico no sería expulsado por burócratas ni recibiría una compensación simbólica mientras otros se enriquecen. Sería él quien tendría el poder de negociación. Sería él quien decidiría. Sería él quien participaría directamente de la riqueza generada por su propiedad.
La lógica es simple: si la tierra es tuya, debe ser tuya de verdad. No solo la capa superficial que pisa tu casa, sino todo el valor económico asociado a ella, salvo las limitaciones mínimas necesarias para convivencia y seguridad pública. Una Cuba libre debe abandonar el modelo donde el Estado actúa como dueño supremo de todo recurso estratégico y pasar a un modelo donde el individuo sea el verdadero centro del sistema económico.
Sin propiedad privada plena no existe libertad económica real. Sin control sobre la riqueza de tu tierra, la propiedad es incompleta. Una nueva Cuba debe garantizar que quien compre tierra compre derechos reales, completos y defendibles, no una concesión limitada otorgada por el poder político.
