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Por Luis Alberto Ramirez ()

La presencia de brigadas médicas cubanas en diversos países ha sido históricamente un instrumento de diplomacia, propaganda y generación de ingresos para el régimen cubano. Sin embargo, en Guyana, esta estrategia parece estar enfrentando su límite.

El gobierno guyanés, en un intento por dignificar la labor de los profesionales cubanos, propuso recientemente pagar directamente al personal médico. Esto rompe con el tradicional esquema en el que los salarios se transfieren al Ministerio de Salud Pública de Cuba. Luego, este asigna una fracción mínima a los colaboradores.

La propuesta del gobierno guyanés incluía la posibilidad de firmar un nuevo contrato. En este, cada colaborador recibiría su salario completo directamente del empleador local. Además, se prometía el pago de dos meses de salario atrasado como parte del acuerdo. Esto representaba una esperanza de justicia salarial para muchos profesionales, acostumbrados a décadas de explotación bajo el eufemismo de «misiones internacionalistas».

No tan de prisa… toca una pausa

No obstante, el sueño ha quedado en pausa. Según denuncias de miembros de la propia brigada, funcionarios cubanos en Guyana han maniobrado para frenar este proceso. La razón es evidente: si este precedente se consolida y se replica en otros países, el modelo económico comenzaría a tambalearse. Este modelo se basa en la “exportación” de profesionales altamente calificados pero mal remunerados.

La Habana depende de estos ingresos como una de sus principales fuentes de divisas. Por lo tanto, no puede permitir que los médicos accedan libremente a su salario sin la intermediación del Estado.

Ante esta disyuntiva, el régimen cubano se enfrenta a dos caminos igualmente críticos. Permitir que los médicos reciban su salario íntegro y pierdan el control económico y político sobre ellos, o cancelar los contratos. Esto dejaría sin servicios a los países receptores y sin ingresos a la Isla.

En algunos casos, como ya ha sucedido en el pasado, el régimen opta por una tercera vía. Se busca chantajear o presionar a los colaboradores para que entreguen “voluntariamente” una parte considerable de su salario. Esto reproduce un sistema de servidumbre encubierta que ha sido calificado por organismos internacionales como una forma de trata laboral.

Guyana puede ser un mal ejemplo

La situación en Guyana, por tanto, puede marcar un punto de inflexión. No solo por el gesto soberano de un gobierno extranjero que intenta corregir una injusticia, sino también por la posibilidad de que más países cuestionen el modelo de colaboración impuesto por La Habana.

Los médicos cubanos, formados con dinero público, sí, pero seres humanos con derechos individuales, deberían tener la potestad de decidir sobre su trabajo y su salario.

En última instancia, la pregunta crucial es: ¿hasta cuándo podrá el régimen sostener este modelo sin enfrentar la creciente presión internacional? Y ¿hasta cuándo podrá soportar el descontento silencioso de quienes verdaderamente salvan vidas, pero viven con la soga al cuello?

La historia de Guyana podría ser el principio del fin de una de las formas más sofisticadas de explotación moderna disfrazada de altruismo. Veremos quien da su brazo a torcer, Guyana, los médicos o la Habana.

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