Discurso oficial y crisis de confianza en Cuba

Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

La Habana.- Hablar de reforma mientras se castiga al mercado es sabotearla. Al presentar los precios y márgenes del sector privado como «abusivos» e «ilegítimos» y responder con sanciones, el relato oficial socava la reforma económica que dice impulsar y que, supuestamente, es una reforma con orientación hacia el mercado, con ampliación de la propiedad privada —aunque sin protección jurídica robusta— y con aspiraciones de atraer capital extranjero, incluyendo financiamiento de la diáspora.

Los precios altos y con dinámica creciente, así como los márgenes de las entidades privadas, son el resultado predecible de un modelo económico en crisis que sistemáticamente restringe la oferta, deforma los precios relativos y cubre déficits con emisión monetaria excesiva. Achacar la responsabilidad principal a los actores privados es un artificio retórico que desvía la discusión sobre los problemas estructurales del modelo económico que intenta retocarse con las 176 medidas.

Los productos que la red comercial estatal no logra poner en los estantes aparecen gracias a la iniciativa privada, obviamente a precios que reflejan las situaciones concretas del mercado, no las preferencias ni elucubraciones de la burocracia.

El Estado, un árbitro sin credibilidad

En condiciones de escasez y de moneda nacional devaluada, los precios de equilibrio del mercado se elevan necesariamente. Tratar de imponer una retórica sobre precios «abusivos» trastoca síntoma con causa. Adjudicar, en general, un carácter abusivo a las ganancias del sector privado ignora que esos márgenes reflejan riesgos, costos de intermediación informal, incertidumbre legal y la necesidad de operar con costos reales de mercado para reponer inventarios.

En un entorno en el que, pocos días después de haberse anunciado el paquete de 176 medidas, se imponen controles de precios, se realizan operativos para decomisos y sanciones a negocios, los actores privados actualizan sus expectativas sobre la base de la coherencia —o la incoherencia— observada entre discurso y hechos. Cuando el Estado se presenta como árbitro neutral de precios «justos» pero protege sus propios márgenes en las tiendas estatales en divisas y castiga los del sector privado, pierde credibilidad.

Mientras el discurso oficial trate lo estatal como legítimo por definición y lo privado como sospechoso, la desconfianza mutua será inevitable, aunque el modelo pretenda avanzar hacia un sistema empresarial integrado. La confianza del sector privado no se recupera con nuevas declaraciones, sino con reglas claras, aplicación uniforme y corrección de las distorsiones estructurales que generan la escasez. Mientras se mantenga la narrativa de culpabilización selectiva, el resultado será el retiro de la oferta formal, el paso a la informalidad o el cierre, reproduciendo el ciclo que las 176 medidas decían querer romper.