Del “estaremos en una mejor posición” del Ordenamiento a la contención selectiva de la miseria con las 176 medidas

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Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

La Habana.- Quienes en 2020 defendieron la Tarea Ordenamiento como condición indispensable para reactivar la economía nacional aseguran ahora que pueden rescatarla mediante un paquete de 176 medidas.

Pocas cosas muestran mejor la pérdida de ambición de la política económica nacional que el paso de aquella promesa del Ordenamiento —“quienes trabajamos con el Estado estaremos en una mejor posición”— a una realidad en la que el reconocimiento oficial de que cerca del 15% de la población es vulnerable ya desborda el presupuesto estatal para la asistencia social.

El dato oficial más reciente —1 365 000 personas y 1 004 000 núcleos vulnerables— resulta “optimista” frente a la estimación de la ONU, que identifica en Cuba 4,2 millones de personas con necesidades humanitarias, equivalentes al 44,5% de la población.

Solo una parte de esa vulnerabilidad oficial recibe asistencia social. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria, en 2025 se destinaron 5 396 millones de pesos a ese fin, con cobertura para algo más de 303 mil personas y unos 179 mil núcleos.

Extender la asistencia social al dato oficial actualizado de vulnerabilidad —1 365 000 personas— podría multiplicar el gasto por 4,5: de un esfuerzo equivalente al 0,43% del PIB se pasaría a cerca del 2%, una carga difícilmente asumible para el presupuesto estatal. Cubrir toda la vulnerabilidad identificada por la ONU —4,2 millones de personas— exigiría un gasto cercano al 6% del PIB.

La medida 64 propone que actores económicos estatales, privados nacionales y extranjeros aporten recursos propios a una “responsabilidad social a nivel comunitario”. Sin embargo, no parece haber una estimación cuantitativa de ese financiamiento ni de los posibles ahorros por eliminar subsidios universales.

Por ahora, no hay evidencia de que la asistencia social sea financieramente sostenible en una crisis prolongada que reduce ingresos y amplía la vulnerabilidad.

La focalización de la asistencia social empezó a plantearse en 2010-2011, pero el Ordenamiento —un programa marcadamente optimista— asumía que la distribución de ingresos debía descansar en el trabajo, relegando la asistencia social a un papel residual.

Lo que cambió son las condiciones que definen la escala, el costo y la dinámica de la vulnerabilidad y, por tanto, los recursos necesarios para enfrentarla. La base social actual combina pobreza extendida, años de crisis estructural, políticas económicas ineficaces y el impacto del reforzamiento de las sanciones de EE. UU.

Tras el Ordenamiento, el bienestar familiar se ha desconectado cada vez más de los ingresos laborales. La miseria es estructural, crece en escala y solo ha sido reconocida oficialmente de forma insuficiente.

Ampliar el gasto de asistencia social, incluso hasta el moderado dato oficial de vulnerabilidad, no solo parece inviable con los recursos presupuestarios disponibles; también podría profundizar la separación entre el bienestar de los hogares y los resultados del trabajo.

El relato oficial insiste en la interrelación de las 176 medidas, pero sigue siendo impreciso sobre su secuencia y sobre los efectos sociales de una aplicación asimétrica. “Desatar las fuerzas productivas” es una promesa futura: requiere tiempo y una prioridad productivista. La miseria generalizada, en cambio, se padece todos los días.

Contenerla de forma selectiva —según los recursos movilizados y no según la escala del problema— exigiría un volumen de recursos presupuestarios, como porcentaje del PIB, que no parece disponible a corto plazo. Demorar esa contención elevaría el riesgo de ampliar y agravar la miseria, además de erosionar rápidamente la aquiescencia popular ante la ingeniería social prometida por las 176 medidas.