El seguro que nadie pidió: una nueva carga para el bolsillo cubano

Por Julia Elena Jareno Varcarcel

Esta noticia no es un rumor. El Consejo de Estado aprobó un Decreto-Ley que establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para los vehículos de motor que circulen por las vías públicas y férreas de Cuba. La obligación alcanzaría tanto a personas naturales como jurídicas, cubanas o extranjeras. Ahora bien, hay algo que todavía no se conoce: ¿cuánto va a costar?, ¿qué cobertura tendrá?, ¿cómo se contratará?, ¿qué excepciones habrá y cuándo comenzará a exigirse? Esos detalles aún no han sido publicados.

Y aquí es donde vale la pena detenerse. Porque una cosa es establecer un seguro obligatorio en un país donde el propietario de un vehículo dispone de ingresos suficientes para pagarlo, y otra muy distinta es hacerlo en Cuba, donde mantener un automóvil ya constituye, para muchísimas familias, un verdadero ejercicio de supervivencia.

• Un carro viejo que necesita piezas constantemente.
• Combustible cada vez más difícil de conseguir.
• Reparaciones cuyo costo puede superar con facilidad lo que gana un trabajador en meses.
• Y ahora, además, una póliza obligatoria cuyo precio todavía desconocemos.

Y no olvidemos algo fundamental: este seguro, según lo anunciado, es para cubrir la responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros. No significa que el Estado vaya a pagar la reparación del vehículo del propietario. Entonces, las preguntas son inevitables:

¿Cuánto tendrá que pagar un cubano por tener un vehículo y poder circular legalmente? ¿Qué ocurrirá con quienes simplemente no puedan pagarlo? ¿Habrá sanciones? ¿Cuáles? ¿Existirán tarifas diferenciadas según el tipo y antigüedad del vehículo? Y, sobre todo: ¿de dónde saldrá el dinero para pagar otra obligación más?

Porque cuando se anuncia una nueva exigencia económica, la pregunta no debería ser solamente «¿para qué sirve?», sino también: ¿puede realmente el ciudadano cubano promedio asumirla?

El seguro puede tener una finalidad legítima —proteger a las personas afectadas por accidentes—. Eso nadie debería discutirlo. Pero en Cuba el debate no termina ahí. Ahora falta saber cuánto le costará al bolsillo del cubano esta nueva «transformación».

Y eso, precisamente, es lo que todavía no nos han contado.