Nueva ley de tierras en Cuba: ¿un paso insuficiente para reactivar el campo?
Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
La Habana.- La reciente presentación de la nueva ley de tierras en Cuba ha dejado más interrogantes que certezas. Aunque la nota oficial enfatiza el marco regulatorio, el verdadero propósito de la norma —contribuir a la seguridad alimentaria de la nación— parece diluirse entre objetivos burocráticos y omisiones significativas.
Históricamente, invertir en el campo cubano no ha sido una apuesta segura, precisamente porque la actividad agropecuaria no ha figurado entre las prioridades del Estado. Los datos son elocuentes: en 2014, la inversión turística era tres veces superior a la agropecuaria; para 2025, esa brecha se multiplicó hasta casi diez veces. La proporción de la inversión sectorial refleja, sin ambages, una decisión política sobre qué sectores merecen impulso y cuáles quedan rezagados.
Resulta, cuando menos, discutible la afirmación del ministro de Agricultura de que “lo que hace falta es ir a la tierra a producir”, porque en realidad el sector agropecuario ya es el principal empleador del país. En 2023, último dato disponible, absorbió el 16,8 % de la ocupación total nacional. Si bien incrementar la mano de obra en el campo podría ser una solución temporal a la aguda crisis alimentaria, a mediano plazo consolidaría un modelo de agricultura extensiva y de baja productividad, con efectos nocivos sobre el crecimiento económico global.
No hay que ser optimistas
La nueva ley tampoco aborda la contradicción estructural del modelo cubano: el mayor propietario de tierras —el Estado— es el productor minoritario, mientras que el pequeño propietario privado es el que realmente sostiene la producción. (Véase Gráfico 2). En este contexto, la decisión de entregar tierras estatales en usufructo por plazos y extensiones indeterminadas a diversos actores económicos —una suerte de privatización encubierta—, sin avanzar hacia una privatización clara y transparente a favor de quienes ya producen, es un punto que el gobierno debería explicar con mayor detalle.
La nota oficial menciona que “aproximadamente el 80 % de las tierras en Cuba son propiedad estatal socialista y son administradas por empresas estatales, mientras que el resto corresponde a productores privados, una realidad que también es contemplada en la nueva legislación”. Sin embargo, no se aclara de qué forma concreta se “contempla” esa realidad. ¿Acaso se mantiene el 80 % de la tierra en manos del actor que menos eficiencia productiva demuestra?
Entre los seis objetivos declarados de la ley figuran: regular el uso sostenible de la tierra; actualizar normas sobre propiedad y usufructo; establecer disposiciones sobre transmisión de tierras, herencia y contratos agropecuarios; regular la agricultura por contrato; fortalecer las comisiones de asuntos agrarios; y crear procedimientos administrativos sancionadores y mecanismos para la solución de conflictos. Llama la atención que no se mencione el objetivo más inmediato y urgente: producir más alimentos a precios asequibles para la población. ¿De qué sirve mencionar comisiones y procedimientos si no se prioriza el bienestar social?
Para quien aún dude de la gravedad de la situación, el Gráfico 3 ofrece una imagen clara de la urgencia.
En conclusión, el optimismo resulta difícil. Esta ley ha sido impulsada por el mismo equipo gubernamental que en abril de 2021 presentó las “63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria”, cuyo paradero y resultados reales son, hasta hoy, una incógnita. La nueva norma, sin cambios estructurales profundos y con un enfoque aún excesivamente estatista, parece insuficiente para transformar el campo cubano y garantizar la soberanía alimentaria que el país tanto necesita.
