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Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- Un gobierno que sólo publica lo que considera legal demuestra, en realidad, que lo ilegal termina estando por encima de lo legal.

El régimen de La Habana anunció 176 supuestas medidas capitalistas para “salvar la Revolución” —no al pueblo—, pero no dijo absolutamente nada sobre todo aquello que queda fuera de ese listado. En consecuencia, todo lo que no fue publicado queda en una zona gris donde, en cualquier momento, puede ser considerado ilegal. ¿Y qué cosas son ilegales? Todo aquello que no encaje dentro de la legalidad socialista o que el poder decida interpretar como contrario a sus intereses.

Bastan unos pocos ejemplos para comprender el problema. ¿Puede un empresario prestar servicios a un contrarrevolucionario? Eso no aparece publicado; por lo tanto, podría considerarse ilegal. ¿Puede un empresario privado negarse a entregar al Estado información sobre sus clientes? Tampoco está aclarado. ¿Puede otorgar bonificaciones o estipendios a sus trabajadores, al margen del salario, sin ser acusado de cohecho? ¿Puede impedir que sus empleados sean obligados a asistir a las manifestaciones políticas del régimen? Ninguna de estas cuestiones está definida, y muchas otras permanecen en el mismo limbo jurídico.

Esa incertidumbre constituye, por sí sola, un enorme obstáculo para el desarrollo de una verdadera economía de mercado en la Cuba socialista. Cuando las reglas dependen de la interpretación política del momento y no de un marco jurídico claro y estable, ningún inversionista puede sentirse protegido.

Pero si aún quedaban dudas de que estas supuestas medidas capitalistas seguirán subordinadas al Partido Comunista, basta observar una de las reformas anunciadas. Se eliminaron 90 instituciones estatales, entre ministerios y organismos, pero al mismo tiempo se crea uno nuevo: el Ministerio de Regulación y Desarrollo de la Empresa Privada.

No habrá independencia empresarial nunca

El mensaje es evidente. La empresa privada no será independiente; estará monitoreada, supervisada y regulada por el propio Estado, es decir, por el Partido Comunista. No se trata de liberar la iniciativa privada, sino de administrarla políticamente.

En esencia, nada cambia. Sólo se moderniza el mecanismo de control.

Al final, sigue vigente la vieja máxima pronunciada por el difunto dictador cubano: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada.” Esa frase continúa siendo el verdadero marco jurídico bajo el cual funcionará cualquier empresa privada en Cuba, por encima de las 176 medidas anunciadas.

Allá el loco que decida invertir su dinero en ese realengo. El objetivo del régimen de la’bana es seguir cavando en la miseria del pueblo hasta llegar a la miseria absoluta.

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