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Por Luis Alberto Ramírez ()

Miami.- Las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional de Cuba constituyen una confirmación implícita de algo que muchos cubanos han denunciado durante décadas: buena parte de las restricciones que frenaban el desarrollo económico del país no provenían de Estados Unidos, sino de las propias políticas impuestas por el régimen.

Durante años, el discurso oficial responsabilizó al embargo estadounidense de prácticamente todos los males económicos de la nación. Sin embargo, las nuevas medidas evidencian que existían numerosas prohibiciones y limitaciones internas que nada tenían que ver con Washington.

Estados Unidos nunca prohibió que los cubanos crearan empresas privadas. Tampoco impidió que pudieran importar o exportar libremente sus productos, contratar trabajadores, acumular capital o emprender negocios por cuenta propia. Ninguna ley estadounidense obligó a los ciudadanos cubanos a depender exclusivamente del Estado para subsistir. Mucho menos exigió lealtad ideológica como condición para prosperar.

Por el contrario, fueron las autoridades cubanas las que durante décadas limitaron la iniciativa privada, controlaron el comercio exterior, restringieron la propiedad, persiguieron la acumulación de riqueza y sometieron la actividad económica a una rígida burocracia estatal. Mientras se culpaba al embargo de la pobreza nacional, miles de regulaciones internas actuaban como un verdadero muro contra el desarrollo.

El embargo queda al margen

Las recientes reformas constituyen una admisión indirecta de esa realidad. Si hoy es posible autorizar actividades que antes estaban prohibidas, es porque dichas prohibiciones nunca fueron consecuencia del embargo estadounidense, sino decisiones adoptadas por el propio sistema político cubano.

Resulta difícil sostener el argumento de que el principal obstáculo para la prosperidad de los cubanos era una política externa cuando, al mismo tiempo, existían numerosas barreras internas que impedían a los ciudadanos producir, comerciar e invertir libremente.

Las 176 medidas no eliminan los problemas estructurales de la economía cubana, pero sí dejan al descubierto una verdad incómoda: durante años, el mayor bloqueo que enfrentó el pueblo cubano fue el conjunto de restricciones impuestas desde dentro del propio país.

Cuando un gobierno decide levantar prohibiciones que él mismo creó, queda en evidencia quién colocó realmente los obstáculos. Y esa es quizás la conclusión más importante que deja este nuevo capítulo de la economía cubana.

La mentira tiene patas cortas. Se puede engañar al pueblo un tiempo, pero no todo el tiempo.

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