Inmigración: el debate entre la opinión y los hechos
Por Yanetsy Pino ()
Atlanta.- Uno de los problemas más frecuentes en el debate sobre la inmigración actual consiste en confundir las opiniones con los hechos. (Aquí en imagen les presento un post publicado en X, muestra de lo que digo).
Toda persona tiene derecho a defender el modelo migratorio que considere conveniente para su país. Puede proponer controles fronterizos más estrictos, una reducción del número de visas y entradas, requisitos más exigentes para obtener la residencia o un sistema de deportaciones más amplio. Esas son posiciones políticas y, como tales, forman parte del debate democrático.
Las afirmaciones sobre la realidad pertenecen a otro terreno. Decir que Estados Unidos “nunca había tenido tantos extranjeros” o que “los inmigrantes hacen del país un lugar más inseguro” no expresa una preferencia política. Son afirmaciones que pueden comprobarse o refutarse con datos históricos y estudios científicos.
No es la primera vez
La historia ofrece un buen punto de partida. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las personas nacidas en el extranjero representaban el 14,8 % de la población en 2024. La cifra llama la atención por una razón muy distinta a la que suele repetirse en las redes sociales: ese porcentaje es prácticamente el mismo que registró el país en 1890, durante una de las mayores olas migratorias de su historia.
En otras palabras, Estados Unidos ya había vivido una proporción semejante de inmigrantes hace más de ciento treinta años. La imagen de un país que atraviesa una situación completamente inédita no encuentra respaldo en los registros históricos.
Algo parecido ocurre con la delincuencia. La percepción pública suele asociar inmigración con aumento del crimen. La investigación empírica dibuja un panorama diferente. Estudios realizados durante años por universidades como Stanford, Princeton y la Universidad de Wisconsin, junto con análisis recopilados por el National Institute of Justice, muestran una tendencia consistente: los inmigrantes, incluidos muchos grupos de inmigrantes indocumentados, presentan tasas de criminalidad iguales o inferiores a las de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
En Texas, por ejemplo, un estudio basado en millones de registros estatales encontró que los inmigrantes indocumentados eran arrestados por delitos violentos a una tasa menor que los ciudadanos estadounidenses. Ninguno de estos estudios sostiene que los inmigrantes no delinquen. Lo que demuestran es que atribuir la criminalidad a un grupo entero carece de fundamento estadístico.
Siempre apuntaron hacia alguien
Los ejemplos históricos ayudan a entender por qué estas percepciones se repiten. A finales del siglo XIX y principios del XX, los irlandeses fueron presentados como una amenaza para el orden público. Los italianos recibieron acusaciones similares. Más tarde ocurrió lo mismo con judíos provenientes de Europa del Este, chinos, japoneses y mexicanos.
Cada generación encontró un nuevo grupo al que señalar como responsable de los problemas nacionales. Con el paso del tiempo, aquellas advertencias terminaron formando parte de la historia de los prejuicios más que de la historia de los hechos.
Nada de esto obliga a nadie a defender una política migratoria abierta. Un ciudadano puede pensar que su país necesita menos inmigración y seguir construyendo un argumento sólido. Puede sostener que el mercado laboral requiere ciertos límites, que los servicios públicos enfrentan presiones o que el sistema de asilo necesita reformas profundas. Todas esas posiciones pueden discutirse con cifras, estudios económicos y análisis de políticas públicas.
Tarea para las democracias
La calidad del debate depende de la calidad de la evidencia. Cuando las emociones ocupan el lugar de los datos, las soluciones se vuelven más difíciles de encontrar. El miedo produce respuestas rápidas. La evidencia exige un esfuerzo mayor: leer, contrastar fuentes, aceptar matices y corregir errores cuando aparecen nuevos conocimientos.
Existe una pregunta que vale la pena hacerse antes de compartir una publicación o repetir una consigna: si mañana apareciera una investigación sólida que contradijera una de nuestras creencias sobre la inmigración, ¿estaríamos dispuestos a revisarla? Esa disposición a cambiar de opinión cuando cambian las pruebas constituye uno de los pilares del pensamiento crítico.
Las democracias no necesitan ciudadanos que piensen igual. Necesitan ciudadanos capaces de distinguir entre una preferencia política y una afirmación factual. Las primeras pertenecen al terreno de la libertad. Las segundas deben responder ante la evidencia. Esa diferencia marca la distancia entre un debate serio y una discusión alimentada por prejuicios.
