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Por René Fidel González ()
Santiago de Cuba.- Desde el 2019 hasta hoy, el Gobierno cubano logró la proeza normativa de desactivar garantías constitucionales y derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución, de modo tal que no pudieran ser utilizadas por los ciudadanos o representar un obstáculo a sus intereses.
Distintos instrumentos normativos y directrices codificaron las prácticas, el funcionamiento y la cultura de las instituciones y los funcionarios hasta encauzar la transición del Estado de Derecho proclamado, a un Estado Despótico de Derecho en función.
Una hipótesis de este tipo asume la importancia de lo normativo pero abre las puertas a una perspectiva sociológica que enfoca los cambios culturales y de prácticas que han ocurrido al interior de instituciones del Estado cubano como un paradigma de comprensión de la vida política que pretende disolver la contra hegemonía democrática que le disputa espacios, prácticas y sentidos.
¿Estamos delante de un neodespotismo o es simplemente su degradación dentro del proceso de decadencia que se experimenta en Cuba?
Cualquier respuesta puede, sin embargo, estar describiendo los próximos cinco años de vida política cubana, los obstáculos que quedarán sembrados contra la democratización de la sociedad, incluso cuando el sistema político de la exclusión haya mutado o desaparecido.