Condenan a 12 años de prisión a trabajador del Hospital Saturnino Lora por robo de combustible y sabotaje eléctrico
Por Jorge Sotero
Santiago de Cuba.- La justicia cubana sancionó a 12 años de privación de libertad a un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, tras comprobarse su responsabilidad en hechos de apropiación indebida y sabotaje relacionados con el combustible destinado a los grupos electrógenos de la institución.
El caso, radicado como la causa número 4 de 2025, fue juzgado por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.
Según una nota del Tribunal Provincial Popular, durante el proceso judicial, el acusado se desempeñaba como Especialista B en ahorro y uso racional de la energía dentro del centro asistencial y era la única persona encargada del control del diésel almacenado para garantizar el funcionamiento de los grupos electrógenos.
Aprovechando esa responsabilidad, extrajo un total de 5 742 litros de combustible, que posteriormente comercializó de manera ilegal en el mercado informal.
Para encubrir el faltante y evitar ser detectado por inspecciones internas y controles económicos, el procesado reabasteció temporalmente los equipos con combustible de reserva. Sin embargo, en una maniobra posterior vertió agua en el tanque de almacenamiento de reserva, contaminando el diésel y provocando daños directos al sistema energético de respaldo del hospital.
La situación tuvo consecuencias graves cuando ocurrió una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional y los grupos electrógenos no pudieron entrar en funcionamiento. Esta falla afectó la prestación de servicios médicos en el Hospital Provincial y el Cardiocentro, además de interrumpir el tratamiento de cinco pacientes conectados a ventiladores pulmonares mecánicos en la Unidad de Cuidados Intensivos. También se reportaron daños técnicos en filtros protectores y decantadores de los equipos.
El tribunal consideró especialmente la gravedad de los hechos, el abuso de confianza derivado de la función estatal del acusado y el impacto generado en pacientes críticos dentro de un contexto energético complejo para el país.
Además de la condena principal, se impusieron sanciones accesorias como la privación de derechos públicos, prohibición de salida del territorio nacional y el pago de la responsabilidad civil correspondiente. Tanto la Fiscalía como el sancionado conservan el derecho de presentar recurso contra la sentencia.
