
Aylín Sardiñas: cuando defender a los presos también parece un delito
Por Yeison Derulo
Los Arabos, Matanzas.- Aylín Sardiñas vuelve a estar en el radar de la Seguridad del Estado. La activista cubana ha sido citada por la policía política, en una demostración más de esa curiosa obsesión que tiene el régimen con cualquier cubano que se atreva a levantar la voz.
Aylín no es una funcionaria extranjera conspirando en una embajada ni una espía internacional preparando un golpe de Estado. Es una activista que durante años ha denunciado abusos, ha defendido a personas encarceladas y ha utilizado sus redes sociales para cuestionar decisiones del régimen. Su nombre ya había aparecido en episodios anteriores de vigilancia y amenazas. En 2022, por ejemplo, fue abordada cerca de su casa en vísperas de una peregrinación animalista que las autoridades intentaban impedir.
La historia de Aylín demuestra que en Cuba hasta defender a los animales puede terminar teniendo aroma de expediente político. Su activismo comenzó ligado a la protección animal, participando en protestas y reclamando mejores condiciones para los animales abandonados.
También criticó abiertamente las limitaciones del Decreto-Ley de Bienestar Animal y cuestionó la actuación de las autoridades. En 2021 denunció incluso haber sufrido ataques contra sus cuentas y accesos no autorizados a su teléfono. Al régimen le bastó con descubrir que una mujer podía organizarse, reclamar y hablar públicamente para convertir una causa aparentemente inocente en otro asunto digno de la atención de la Seguridad del Estado.
Con el tiempo, la activista también asumió la defensa de los presos políticos, una labor todavía más incómoda para las autoridades. Aylín es hermana de Rolando Sardiñas, condenado después de las protestas del 11 de julio de 2021, y ha denunciado públicamente la situación de los encarcelados y de sus familias.
En 2025 informó de la excarcelación de su hermano bajo una licencia extrapenal y expresó su deseo de que otras familias cubanas pudieran vivir la misma alegría. Ahí está una de las razones que hacen especialmente significativa su citación: cuando una persona empieza a hablar demasiado de presos, abusos y libertades, la maquinaria represiva parece recordar que tiene oficinas, teléfonos y agentes disponibles para “conversar”.
Lo más llamativo de todo es la contradicción entre el discurso oficial y estas prácticas. Miguel Díaz-Canel acaba de utilizar el regreso de más de un millón de estudiantes a las aulas para asegurar que Cuba no está en colapso. El Gobierno habla de conquistas sociales, de derechos y de una sociedad organizada. Sin embargo, en esa misma sociedad una activista puede terminar bajo presión de la policía política por ejercer algo tan básico como expresarse, organizarse o defender a otras personas.
La propaganda presenta una Cuba donde todo marcha perfectamente; las citaciones de la Seguridad del Estado enseñan otra fotografía, mucho menos bonita y bastante más difícil de colocar en una publicación de X.
Aylín Sardiñas tiene, por tanto, un problema bastante sencillo de explicar: insiste en hablar cuando el Gobierno preferiría silencio. Ya lo hizo con los animales, lo hizo con los presos políticos y lo ha seguido haciendo con las familias afectadas por la represión.
En 2022, ante las amenazas contra activistas animalistas, ella pidió públicamente que no se dejaran intimidar y sostuvo que tenían derecho a manifestarse pacíficamente. Esa es la verdadera paradoja de la Cuba que presume de sus conquistas sociales: puede haber millón y medio de niños entrando a las escuelas, sí, aunque también hay ciudadanos adultos aprendiendo otra asignatura obligatoria, cómo hablar sin que la Seguridad del Estado toque a la puerta. Aylín, por lo visto, todavía no piensa matricularse en esa clase.



















