Flexibilizar el mercado automotor no resolverá la crisis del transporte en Cuba
Por Anette Espinosa
La Habana.- El régimen cubano acaba de anunciar una nueva batería de medidas destinadas al mercado de los vehículos. La decisión abre la puerta a una mayor importación, elimina algunas restricciones para la compra y permite nuevas modalidades de comercialización y ensamblaje. Sobre el papel, el paquete parece ambicioso. En la práctica, la realidad del país obliga a mirar estas reformas con bastante cautela.
Las nuevas disposiciones autorizan la importación directa de determinados vehículos por personas naturales, amplían la cantidad de comercializadoras, eliminan el límite de adquisición de automóviles y facilitan la participación de actores privados en el ensamblaje de medios eléctricos.
También incorporan incentivos fiscales para quienes apuesten por tecnologías menos contaminantes y reducen impuestos destinados al transporte público.
La lista resulta extensa. Sin embargo, el principal problema del cubano sigue exactamente donde estaba.
Hablar de flexibilización en un país donde el salario promedio apenas alcanza para cubrir una parte de la alimentación mensual parece un ejercicio desconectado de la realidad. La posibilidad legal de comprar un vehículo tiene muy poco valor cuando la inmensa mayoría de la población carece de capacidad económica para hacerlo. El obstáculo dejó de ser jurídico hace mucho tiempo; ahora es financiero.
La dictadura presenta estas medidas dentro del paquete de reformas económicas aprobado recientemente. La intención oficial apunta hacia una economía más descentralizada y con mayor presencia del sector privado. Aun así, las dificultades estructurales permanecen intactas.
La escasez de combustible continúa golpeando al transporte público, las piezas de repuesto siguen siendo difíciles de conseguir y la infraestructura vial acumula años de deterioro.
Otro aspecto llama especialmente la atención. Las operaciones de compraventa deberán realizarse mediante cuentas bancarias y medios de pago autorizados, dejando fuera el efectivo. La decisión fortalece el control financiero del Estado sobre cada transacción, aunque una parte importante del mercado nacional todavía funciona mediante operaciones informales.
Las cifras oficiales muestran un crecimiento en la comercialización e importación de motocicletas, triciclos y vehículos eléctricos durante este año. Ese dato confirma una tendencia evidente: los automóviles tradicionales se han convertido en un bien prácticamente inaccesible para el ciudadano común. La movilidad individual empieza a depender de alternativas más económicas, aunque siguen existiendo enormes dificultades para adquirirlas.
El Ejecutivo también intenta impulsar la movilidad eléctrica mediante exenciones tributarias. La iniciativa puede resultar positiva desde el punto de vista energético. Sin embargo, aparecen nuevas interrogantes. Un país marcado por apagones diarios y una generación eléctrica insuficiente enfrenta enormes desafíos para sostener una expansión significativa de estaciones de carga.
Las autoridades aseguran que estas decisiones forman parte de una estrategia destinada a dinamizar la economía nacional. El anuncio llega en uno de los momentos más delicados de los últimos años. La economía acumula varios ejercicios de contracción, el transporte público atraviesa una crisis permanente y miles de ciudadanos continúan emigrando en busca de mejores oportunidades.
Las reformas representan un cambio regulatorio importante. Nadie puede negar ese hecho. Lo verdaderamente complejo será comprobar si dichas modificaciones consiguen transformar la vida cotidiana de los cubanos o terminan convirtiéndose en otro paquete de medidas con un impacto limitado sobre una economía que necesita mucho más que nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.
