Cuando opinar se convierte en delito
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Por Luis Alberto Ramírez ()
Miami.- La noticia no sorprende a ningún cubano. Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en las redes como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, fueron declaradas culpables por un tribunal de La Habana y condenadas a dos años de limitación de libertad cada una. La sentencia les fue comunicada oralmente y, según su abogado, todavía deben recibir el fallo por escrito.
¿Su delito? Grabar y difundir en las redes un video en el que aparecía un agente del MININT que había acudido a su vivienda para entregar una citación. El proceso se tramitó bajo la acusación de un supuesto delito contra la intimidad personal y familiar. Esa es la explicación jurídica del régimen.
Pero para mí, y para muchos cubanos, la pregunta va mucho más allá de lo que dice un expediente judicial. Porque cuando una persona graba y publica un hecho ocurrido en su propia casa y termina sentada en un tribunal, algo no funciona bien con aquello de la libertad de expresión que tanto se proclama.
Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil pasar por alto. Hace pocas semanas, Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista a la periodista brasileña Mônica Bergamo, quien le planteó directamente las críticas que había escuchado de los cubanos y cuestionó la situación de quienes protestan o reclaman. Díaz-Canel sostuvo que a quienes hacen reclamaciones ante las instituciones del Estado y del Partido se les atiende y no se les reprime, aunque añadió que cuando esos reclamos terminan en determinados hechos se aplica la ley.
¿Y ahora… qué pasó?
Pues bien: poco después tenemos a Anna Bensi y a su madre condenadas.
La periodista brasileña debería volver a preguntarle al presidente cubano cómo encaja este caso dentro de esa supuesta libertad para reclamar y expresarse, aunque probablemente esa llamada nunca ocurrirá, queda aquella vieja sentencia popular: primero se descubre a un mentiroso que a un cojo.
El problema es que esto no se trata solamente de Anna Bensi y su madre. Ellas son, a mi juicio, apenas la punta visible de un iceberg mucho más grande.
El caso ha recibido atención porque Anna tiene presencia en las redes y porque muchas personas dentro y fuera de Cuba han seguido el proceso. Incluso organizaciones religiosas y grupos de derechos humanos han expresado públicamente su preocupación por el caso.
Pero yo me pregunto: ¿qué ocurre con aquellos cubanos cuyos nombres nunca llegan a las redes sociales, cuyos juicios nadie conoce y por quienes nadie protesta? ¿Cuántos estarán cumpliendo condenas lejos de las cámaras, sin periodistas extranjeros frente al tribunal, sin organizaciones denunciando su caso y sin miles de personas compartiendo sus historias?
Ahí está la verdadera tragedia, porque cuando un gobierno necesita recurrir al Código Penal para responder a la crítica de una ciudadana, la libertad deja de ser una palabra y se convierte en una pregunta.
Y la pregunta que yo le haría al Gobierno cubano es muy sencilla: Si en Cuba existe realmente libertad de expresión, ¿por qué resulta tan peligroso ejercerla?
Ley no es justicia
El régimen podrá explicar el caso utilizando términos jurídicos, hablar de intimidad, de procedimientos y de leyes. Pero las leyes también pueden utilizarse para limitar derechos, y que algo esté escrito en una ley no significa automáticamente que sea justo.
Yo no sé qué ocurrirá con Anna Bensi y su madre en los próximos dos años. Tampoco sé si la sentencia será apelada o modificada. Lo que sí sé es que dos mujeres cubanas acaban de convertirse en otro símbolo de una realidad que Cuba lleva demasiado tiempo intentando esconder.
Anna Bensi y Caridad Silvente no son toda la historia. Son solamente una historia que logró hacerse visible.
El resto permanece bajo el agua, en ese enorme iceberg de silencio, miedo y desgracia que durante décadas ha acompañado al pueblo cubano.
Y mientras tanto, el pueblo cubano grita, calla y baila. No porque sea libre, sino porque tiene arte hasta para bailar con su tristeza.
