La doble cara del régimen: severidad contra drogas y silencio ante el caos social
Por Anette Espinosa
Banes.- En medio del discurso oficial de “tolerancia cero” contra las drogas, las autoridades cubanas realizaron en Banes, Holguín, un juicio oral ejemplarizante correspondiente a la Causa 2 de 2026, asociado a un caso de cultivo y tráfico de marihuana.
Como ya es costumbre en la isla, el régimen convierte este tipo de procesos en espectáculos públicos con fines políticos, buscando enviar un mensaje de mano dura mientras el país se hunde en problemas mucho más profundos que no logran resolver.
Según la versión oficial, el acusado llevaba varios años dedicado a la siembra y comercialización de Cannabis Sativa Indica en la zona de Jagüeyes de Puerto Rico, territorio perteneciente al municipio de Banes. Durante un operativo policial, agentes lo capturaron oculto en la maleza, cerca de una plantación delimitada con cercas improvisadas de madera y alambre, donde se ocuparon 429 plantas con alturas entre 14 y 77 centímetros, equivalentes a 2 mil 420 gramos de marihuana.
En la operación también fueron decomisados 11 mil 280 pesos cubanos. Las autoridades insistieron en remarcar el supuesto peligro social de la marihuana, calificándola como droga alucinógena capaz de generar dependencia psíquica y síndrome motivacional, apoyándose además en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 para reforzar el relato de legalidad y control estatal.
Sin embargo, llama la atención la energía y rapidez con la que la dictadura moviliza recursos policiales, fiscales y judiciales para perseguir un sembrado de marihuana, mientras es incapaz de responder con la misma contundencia a problemas reales que golpean diariamente a la población: delincuencia, escasez de medicamentos, apagones de más de diez horas, inseguridad creciente y colapso alimentario. En Cuba, la prioridad del sistema parece estar menos en proteger al ciudadano y más en sostener una narrativa de orden y disciplina.
El acusado fue condenado a 14 años de prisión por tráfico de drogas, pese a que el marco penal contempla entre 10 y 30 años de privación de libertad.
Además, se le aplicaron sanciones accesorias como prohibición de salida del país, privación de derechos y decomiso del dinero ocupado.
El régimen asegura que el juicio respetó todas las garantías procesales, aunque en un país donde la justicia responde a intereses políticos y donde miles de cubanos cuestionan la independencia real de los tribunales, ese tipo de afirmaciones suele generar más escepticismo que confianza.
