Washington evalúa acusar criminalmente a líderes del régimen cubano

Por Yeison Derulo

La Habana.- La posibilidad de que Estados Unidos presente cargos criminales contra líderes del gobierno cubano vuelve a poner a La Habana en el centro de un escenario. Este es un escenario que el régimen lleva décadas tratando de esquivar: el de la justicia internacional.

Según un reporte publicado por The Wall Street Journal, autoridades estadounidenses estarían evaluando acusaciones formales contra altos funcionarios del gobierno y del Partido Comunista. Además, no se trata de un simple rifirrafe diplomático ni de una declaración para titulares. Las pesquisas apuntan a delitos graves, entre ellos narcotráfico, inmigración ilegal y otras violaciones a la ley federal norteamericana.

De acuerdo con personas familiarizadas con el proceso, las investigaciones llevan tiempo caminando por los pasillos del Departamento de Justicia. En consecuencia, no es un expediente improvisado ni una ocurrencia de última hora. Hablamos de un caso que, si prospera, podría tener implicaciones políticas enormes para la cúpula que gobierna la isla. En primer lugar, una cosa es la retórica habitual entre Washington y La Habana. Por otro lado, es muy distinta la situación de ver a dirigentes de un Estado señalados en tribunales por presuntas actividades criminales.

Durante años, sectores políticos en Estados Unidos han denunciado los vínculos del aparato estatal cubano con redes ilícitas en la región. Las acusaciones han ido desde cooperación con organizaciones dedicadas al narcotráfico hasta facilitar rutas migratorias irregulares hacia territorio estadounidense. Ahora, la diferencia es que esas sospechas, que antes circulaban en discursos políticos o informes de seguridad, podrían terminar convertidas en cargos formales dentro del sistema judicial norteamericano.

Para el régimen cubano, un escenario así sería explosivo en términos diplomáticos. La Habana suele responder a este tipo de acusaciones con el argumento clásico: que se trata de una maniobra política para presionar al régimen.

Sin embargo, si las investigaciones terminan en acusaciones concretas, el problema dejaría de ser meramente ideológico. Pasaría a ser legal, con nombres propios y responsabilidades que podrían perseguir a funcionarios incluso fuera de la isla.

Lo cierto es que este movimiento abre una nueva etapa en la ya tensa relación entre ambos países. Si Washington decide dar el paso, no solo estaría elevando el tono del conflicto político con La Habana. También colocaría a dirigentes del régimen bajo una lupa judicial internacional.

Y cuando la justicia entra en juego, el discurso político suele quedarse corto. En primer lugar, una cosa es gobernar desde el poder absoluto dentro de una isla. Por otro lado, es muy distinta la situación de enfrentarse a un tribunal que no responde a consignas ni a discursos de plaza pública.