Aleida Guevara y la casta revolucionaria: Igualdad proclamada, privilegio ejercido

Por Jorge L. León (Historiador e investigador)

Houston.- Aleida Guevara se presenta ante auditorios internacionales como defensora consecuente del modelo político cubano y continuadora del legado de Ernesto Che Guevara. Su discurso invoca justicia social, dignidad y resistencia. Sin embargo, toda narrativa política debe someterse a una prueba elemental: la coherencia entre lo que proclama y lo que produce.

El sistema que respalda ha generado, tras más de seis décadas, una economía incapaz de garantizar prosperidad básica a la mayoría. Salarios deprimidos, deterioro estructural, emigración sostenida y dependencia externa no son consignas opositoras; son hechos medibles. Frente a esa realidad, la retórica revolucionaria insiste en el sacrificio histórico como virtud suprema. Pero el sacrificio no se distribuye de manera simétrica: lo asume el ciudadano común, no la élite simbólica que lo justifica.

Aquí emerge el concepto que la historiografía política ha identificado en múltiples procesos del siglo XX: la casta revolucionaria. En la Unión Soviética, la nomenclatura consolidó circuitos de privilegio mientras proclamaba igualdad proletaria. En la República Popular China de la etapa maoísta, el discurso igualitarista coexistió con jerarquías internas inconfesables. El patrón es recurrente: La revolución que promete abolir clases termina generando una nueva estratificación basada en lealtad ideológica.

La retórica en defensa de las castas

Cuba no escapa a esa lógica histórica. La movilidad internacional, la presencia en foros globales, el acceso a espacios vedados al ciudadano promedio, configuran una esfera diferenciada. No se trata de un delito; se trata de un privilegio político derivado de la pertenencia simbólica al núcleo legitimador del sistema. El problema surge cuando desde esa posición se habla en nombre de quienes no comparten ese margen de acceso.

Defender sin matices un modelo que restringe alternancia real de poder, limita el pluralismo y exhibe resultados económicos persistentemente adversos implica una responsabilidad moral. La crítica no es animadversión personal; es exigencia ética. Cuando la defensa ideológica omite el costo humano acumulado —familias fracturadas por la emigración, generaciones atrapadas en precariedad estructural— el discurso se transforma en blindaje narrativo del poder.

La perorata revolucionaria puede conservar fuerza simbólica, pero pierde autoridad cuando la experiencia cotidiana la contradice. La legitimidad no se sostiene únicamente en la memoria histórica ni en la filiación familiar; se sostiene en resultados tangibles y en coherencia pública.

La historia ha sido implacable con las castas que predican igualdad mientras administran privilegios. Siempre llega el momento en que la retórica ya no logra ocultar la distancia entre el ideal proclamado y la realidad vivida. Y en ese instante, el mito deja de ser refugio para convertirse en evidencia de una contradicción insalvable.