Por Alina Bárbara López Hernández
Matanzas.- La magistrada del Tribunal Supremo Popular, Isabel Acosta Sánchez, afirmó en un artículo publicado ayer en el periódico Granma que «la mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano».
Tal afirmación es una mentira desfachatada. Y utilizo el término con total responsabilidad.
La condición de pobreza extrema que conduce a la mendicidad, no solo es compatible, sino que fue cuidadosamente diseñada en Cuba a partir de políticas decretadas desde los más altos niveles políticos.
Cuando en febrero de 2008 Raúl Castro fue nombrado oficialmente por la Asamblea Nacional como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas».
Bajo la consigna «sin prisa, pero sin pausas», pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico.
Para pagar la deuda externa, el Estado recortó gastos drásticamente. Las medidas adoptadas por entonces, afectaron a las personas y familias más pobres: cierre de 24 000 comedores obreros; aumento de la edad de jubilación en cinco años para hombres y mujeres; suspensión del derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en los centros de educación superior.
Se apreció asimismo la disminución sostenida de inversiones en sectores de impacto social directo, como Salud y Educación, que decrecieron en la misma medida en que aumentaban las inversiones en los sectores del turismo e inmobiliarias.
Ante esto, se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre, sin embargo, lo que se hizo fue reducirla: «entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».
Según el economista Carmelo Mesa-Lago, ello se explica «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles». En el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado aquellas responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo.
La ley de presupuesto para 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo un 61 % en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total pasó del 5,3 % al 2,1 %. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de pesos por «depuración de beneficiarios».
El resto, lo terminó de hacer la Tarea Ordenamiento, iniciada el 1ro de enero de 2021 y anunciada mediante una breve y ceremonial intervención televisiva por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
El colofón de este desmontaje fue la reciente extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social, anunciada el 17 de diciembre de 2024, hace menos de cuatro meses, por el mismo periódico que hoy publica esta mentira.
Al grupo de poder le molesta la «fea publicidad» que dan al gobierno los mendigos y personas hambrientas que pululan en nuestras calles. Sin embargo, son los máximos culpables de esta situación.
Diseñaron el desastre. Tengan al menos el valor de reconocerlo.
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