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Por Pedro Monreal (El Estado como tal)

La Habana.- El colega Julio Carranza señaló ayer, con razón, que el gobierno cubano debería considerar «la alternativa de decretar medidas temporales excepcionales, necesarias para proteger a la población», y propuso seis acciones concretas. Cuba Transformación aborda ese mismo asunto desde una perspectiva económica y política distinta.

Al no incluir un eje de emergencia humanitaria en el paquete de 176 medidas, el gobierno cubano parece haber partido de dos premisas problemáticas: una lógica productivista, secuenciada bajo el principio de «oferta primero», y un enfoque político-ideológico que evita hablar de una crisis humanitaria generalizada para preservar la narrativa de soberanía y continuidad del modelo económico y político.

La premisa productivista supone que las liberalizaciones estructurales desbloquearán la producción de alimentos y facilitarán recursos para la salud con la rapidez y escala suficientes como para hacer innecesario un alivio humanitario masivo desde el inicio. La medida 71 del paquete oficial alude a un Fondo de Protección Social como condición previa a las transformaciones. Sin embargo, al financiarse con parte del ahorro generado por eliminar subsidios a productos, difícilmente estaría operativo antes de esas transformaciones. Tampoco existe una estimación precisa de la cobertura que permitiría.

La emergencia humanitaria

Ya existe una emergencia nutricional previa, y el reciente regreso a regulaciones de precios parece responder a una inseguridad alimentaria que no es nueva. Esa inseguridad debe tratarse como punto de partida del paquete, no solo como un posible efecto posterior de medidas como la liberalización de precios. La premisa político-ideológica subordina la dimensión social, en vez de reconocer abiertamente una emergencia humanitaria que podría debilitar el relato oficial de soberanía o abrir espacio a críticas sistémicas. Incluir un eje humanitario en el paquete de 176 medidas podría interpretarse como admitir un colapso. Por eso, las medidas de protección social se presentan como continuidad de conquistas, no como respuesta a una emergencia humanitaria.

El recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos —en particular las restricciones al suministro de combustible desde finales de enero de 2026— fue el detonante inmediato para que Naciones Unidas calificara la situación en Cuba como una emergencia humanitaria sostenida y multifacética. El problema es que esas sanciones actuaron como catalizador sobre vulnerabilidades ya existentes, y reconocer oficialmente una emergencia humanitaria implicaría admitir un fracaso más amplio del modelo económico y de protección social.

Desde mi perspectiva, la ausencia de un eje prioritario de «emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud» es una de las principales deficiencias del paquete oficial de 176 medidas, junto con la falta de un eje de «estabilización macroeconómica». Por ahora, no hay evidencia de que el gobierno esté dispuesto a incorporar ninguno de esos dos ejes. Veremos…

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