El precedente que Santo Domingo le dejó al castrismo
Por Max Astudillo ()
La Habana.- Hay una línea muy delgada entre un diplomático y un espía en la maquinaria del castrismo. La diferencia es que uno lleva traje y credenciales, y el otro, las mismas credenciales y el mismo traje, pero también un carnet de la Seguridad del Estado en el alma. Santo Domingo acaba de hacer lo que muchos países deberían hacer: cortar de raíz la infección.
No, no es un capricho de Luis Abinader. Es una decisión soberana, basada en el derecho internacional y en la necesidad de proteger la integridad nacional. La República Dominicana solicitó el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana, un acto que se inscribe en las facultades que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reconoce a cualquier Estado receptor. No se trata de un gesto de hostilidad, sino de un acto de defensa. Si un país descubre que su embajada está siendo utilizada como central de operaciones de inteligencia, no solo tiene el derecho, sino la obligación de actuar.
¿Y cuál fue la razón? Espionaje. Fuentes con conocimiento directo del caso señalaron que varios de los diplomáticos realizaban labores de inteligencia vinculadas a los servicios de seguridad del Estado cubano, actividades incompatibles con las funciones de una misión diplomática. No se trata de una «crisis diplomática» fabricada por Washington, como alega la cancillería cubana. Se trata de la constatación de un hecho: Cuba no respeta los convenios internacionales. La Habana viola sistemáticamente el Estatuto de Roma y se escuda en la retórica revolucionaria para justificar el espionaje y la subversión.
El resto del mundo debería tomar nota
Lo más grotesco de todo es el cinismo con el que el régimen maneja sus misiones diplomáticas. No es ningún secreto que las embajadas cubanas en el mundo están infestadas de oficiales de inteligencia. Son centros de operaciones que no solo representan a un Estado fallido, sino que funcionan como plataformas para desestabilizar gobiernos y perseguir disidentes. El propio embajador en Santo Domingo, Ángel Arzuaga, un grosero exoficial de la seguridad cubana y exfuncionario del Partido Comunista, es la encarnación perfecta de esta farsa. Con fachada de diplomático, dirige lo que en realidad es una base de operaciones encubiertas.
Pero la hipocresía no se detiene ahí. Mientras el castrismo llora por la «agresión» de República Dominicana, ignora la persecución a los deportistas que desertaron durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La misma maquinaria que intenta condicionar a gobiernos soberanos es la que acosa a sus propios ciudadanos, como si la libertad de un atleta fuera una afrenta personal. La expulsión fue un acto de justicia y de protección. Santo Domingo actuó en apego a la ley y al sentido común, negándose a ser un escenario para las artimañas de una dictadura que se cree con derecho a violar la soberanía ajena.
El régimen puede berrear todo lo que quiera, pero la realidad es tozuda. Cuando se trata de Cuba, no vale la mano blanda. No vale la complacencia ni el silencio cómplice. La expulsión de estos nueve «diplomáticos» es una muestra de que hay gobiernos que todavía entienden que la soberanía se defiende con hechos, no con discursos. Y aunque los Castro y su cohorte de serviles sigan llorando, la lección es clara: las misiones diplomáticas no son refugios para espías, y los países que las toleran terminan pagando el precio. República Dominicana ha puesto el ejemplo. Ahora, el resto del mundo debería tomar nota.
