El salto a ciegas
Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
La Habana.- Un área clave del listado oficial de las 176 medidas sigue envuelta en la nebulosa: los posibles efectos de modificar los precios relativos. La simple mención de acciones sobre el tipo de cambio, los salarios y la formación de precios no permite anticipar sus dinámicas reales. Y en economía, lo que no se anticipa, se padece.
La modificación de los precios relativos —es decir, la variación del precio de un bien frente al de otro— no es un detalle técnico: es una variable decisiva. El rápido fracaso del llamado «ordenamiento» se debió, precisamente, a que esos precios se apartaron del diseño previsto, dejando a la población atrapada en una espiral de distorsiones que el gobierno no supo —o no quiso— corregir a tiempo.
La posibilidad de alcanzar un macroequilibrio exitoso en Cuba depende en gran medida del régimen cambiario y del tipo de cambio que se adopte. Sin embargo, las medidas 99 y 100 no precisan qué régimen se implementará ni qué referencia se utilizará para devaluar. Sin esas definiciones, cualquier anuncio se mueve en el terreno de la especulación.
Dudas…
A la incertidumbre cambiaria se suma la indefinición sobre la evolución de los salarios estatales, que dependerán de la «capacidad financiera» de las empresas, según establece la medida 9. Esta fórmula podría generar precios relativos desfavorables para esos salarios, ensanchando aún más la brecha entre lo que se gana y lo que se necesita para vivir.
Además, la descentralización prevista en la medida 117 y la eventual formación de precios con «referencia del mercado», contemplada en la medida 118, amenazan con disparar el costo de la canasta básica de bienes y servicios.
La combinación de varias de estas acciones podría profundizar el deterioro del bienestar ciudadano. Puede discutirse si ese efecto es inevitable o no, pero lo cierto es que no existe una comunicación oficial que advierta que dicho deterioro podría ser una fase inicial —quizás inevitable— de la aplicación de «las 176». El gobierno reconoce la gravedad de la crisis actual y presenta las medidas como solución, no como origen de un nuevo quebranto. Tampoco advierte de forma explícita que su puesta en marcha podría provocar un empeoramiento generalizado y rápido. Y gobernar sin advertir es, también, una forma de gobernar a ciegas.
