Preocupaciones para el día después

Por Eduardo Mesa ()

Miami.- Si Cuba entra en un proceso de transición —algo que hoy muchos consideran cada vez más probable— el problema no será únicamente político. Será, sobre todo, humano. Después de décadas de confrontación, desconfianza y fractura moral, la nación tendrá que reconstruir algo muy básico: la capacidad de escucharse a sí misma.

Una sociedad tan tensada necesita abrir espacios de escucha real. Escuchar a la gente para conocer sus preocupaciones, sus quejas y también sus expectativas. Durante demasiado tiempo los cubanos han vivido en una sociedad donde hablar libremente implicaba riesgos. En una etapa nueva, permitir que la sociedad se exprese será tan importante como cualquier reforma institucional.

Esa escucha no tiene que quedarse en la simple catarsis colectiva. Debe convertirse en un proceso que ayude a transformar la queja en reconciliación. En ese terreno, instituciones con arraigo social —como las iglesias— pueden desempeñar un papel importante. También sería necesario crear instrumentos que hoy no existen en Cuba, como una comisión de la verdad capaz de restaurar la memoria de las víctimas y reconocer públicamente el sufrimiento acumulado durante décadas.

Al mismo tiempo habrá que comenzar a corregir las deformaciones del sistema jurídico. Durante años la vida social ha sido tratada casi exclusivamente desde la lógica penal. Muchos conflictos que en otras sociedades se resolverían por vías civiles terminan en procesos penales. Figuras como el juez de paz podrían ayudar a resolver numerosos litigios mediante mediación comunitaria, reduciendo la cultura de castigo que se ha instalado en la vida pública.

Dentro de este panorama aparece además un problema inmediato: el sistema penal heredado.

La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos debe ser una prioridad absoluta y no admite negociación ni dilación. Sin embargo, limitar el problema únicamente a esa categoría sería insuficiente.

En las cárceles cubanas permanecen miles de personas condenadas por delitos económicos que en muchos países no serían considerados delitos graves o que han sido castigados con penas desproporcionadas. En numerosos casos se trata simplemente de ciudadanos que intentaron sobrevivir dentro de un sistema incapaz de ofrecer medios legales reales de subsistencia.

Por esa razón resulta razonable plantear, junto a la liberación de los presos políticos, una amnistía más amplia. Conviene recordar aquí una distinción fundamental: lo legal no siempre es moral. Aunque en una etapa inicial pueda ser inevitable convivir provisionalmente con parte de la estructura jurídica heredada, debe existir simultáneamente una medida excepcional capaz de corregir sus injusticias más evidentes.

Otra preocupación inevitable tiene que ver con la dimensión humanitaria. La economía cubana se encuentra prácticamente destruida: el aparato productivo está colapsado, grandes áreas agrícolas han quedado abandonadas y la infraestructura del país apenas logra sostener las necesidades básicas de la población. Incluso bajo un proceso de reconstrucción acelerado, la recuperación tomará tiempo.

En ese contexto sería imprescindible organizar un puente humanitario amplio, estructurado y protegido. La ayuda no puede quedar sujeta a mecanismos improvisados ni al control de las mismas estructuras estatales que han provocado la crisis. Para que resulte efectiva necesitará respaldo institucional y coordinación internacional, particularmente con los Estados Unidos.

Pero al mismo tiempo ese mecanismo debería permitir movilizar a la nación dispersa. Millones de cubanos viven fuera de la isla y poseen recursos económicos, capacidades organizativas y redes humanas que podrían convertirse en un factor decisivo de ayuda. No parece razonable que el peso de la emergencia recaiga exclusivamente sobre el contribuyente estadounidense cuando existe una comunidad cubana en el exterior capaz de contribuir activamente a la reconstrucción nacional.

Existe además otra preocupación menos visible pero igualmente importante: la posibilidad de un colapso institucional repentino. Las señales apuntan a un deterioro acelerado de las estructuras del Estado. Más allá de los organismos represivos —que suelen ser los últimos en desaparecer— muchas instituciones civiles podrían quedar rápidamente sin recursos, dirección o personal.

En ese escenario aparecería un problema profundamente humano. Existen centros cuya supervivencia depende completamente de la continuidad mínima del Estado: asilos de ancianos, hogares de huérfanos, hospitales psiquiátricos, hospitales pediátricos y centros dedicados a personas con distintos niveles de discapacidad.

Si se produjera un colapso abrupto, estos lugares serían los primeros en sufrir sus consecuencias: interrupciones eléctricas, escasez de alimentos, falta de medicamentos y abandono institucional. Por eso sería prudente comenzar desde ahora a identificarlos y tenerlos en cuenta en cualquier planificación humanitaria.

Una transición responsable también se mide por la forma en que protege a quienes no tienen capacidad alguna de defenderse por sí mismos.

El día después no será únicamente una cuestión de reformas políticas o institucionales. Será también un proceso de reconstrucción moral y social. Y para que ese proceso sea posible, los cubanos tendrán que recuperar algo que durante demasiado tiempo les ha sido negado: la posibilidad de escucharse nuevamente como nación.