ETECSA, EL APARATO DE CENSURA Y ESPIONAJE DE LA DICTADURA, DEBERÍA SER SANCIONADO SIN EXCUSAS

Por Albert Fonse ()

ETECSA no es una empresa de telecomunicaciones. Es el brazo digital de la dictadura cubana, subordinado por completo a los intereses de la Seguridad del Estado, que en Cuba no es un órgano más del poder: es el poder. A través de ETECSA, la dictadura decide quién puede hablar, quién puede callar y cuándo el país entero debe quedar incomunicado. No es un proveedor de servicios. Es una herramienta de control.

Cada vez que ocurre una protesta, la reacción inmediata del régimen no es el despliegue policial, sino el apagón digital. Lo vimos el 11 de julio. Lo volvimos a ver en Nuevitas, Caimanera y San Antonio de los Baños. El internet desaparece, la señal móvil se corta, las redes se bloquean. Todo a través de ETECSA. Es una operación orquestada, ejecutada sin transparencia, sin proceso judicial y sin responsabilidad. Es censura digital de Estado ejecutada desde la red.

Pero no se trata solo de bloquear regiones enteras. También existe la represión selectiva. A activistas, periodistas independientes, artistas críticos, defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos se les corta el servicio, se les ralentiza la conexión o se les impide acceder a plataformas digitales. ETECSA colabora con la persecución ideológica. Cada acción digital deja un rastro que el régimen vigila, persigue y castiga. La represión en Cuba ya no es solo con tolete y celda. Es con antenas, servidores y cables.

Una red de represión organizada

La infraestructura sobre la que opera ETECSA está construida con tecnología de Huawei, la empresa china vetada por Estados Unidos y por otros países, precisamente por facilitar el espionaje y la censura. A ello se suma la presencia de técnicos rusos especializados en ciberinteligencia que operan desde las oficinas de ETECSA en La Habana, coordinando con el aparato represivo cubano la vigilancia masiva de usuarios. No se trata de especulación. Se trata de una red de represión digital organizada y funcional.

Al mismo tiempo, ETECSA representa una de las principales fuentes de divisas para la dictadura. Cada recarga móvil, cada paquete de datos, cada servicio de internet en Cuba se paga, en su mayoría, desde el extranjero. El pueblo dentro de la isla no puede costear estos servicios. Quien paga es el exilio. Es el cubano libre quien financia, involuntariamente, el control del cubano reprimido.

Todo esto ocurre a través de agencias como Cuballama, Fonoma, Cubacel, DimeCuba, Boss Revolution y Ding, que funcionan como intermediarios financieros de ETECSA en el exterior, incluso con presencia legal en Estados Unidos y Europa. Además de servir como canales de captación de divisas, permiten a la dictadura tener acceso a información financiera y patrones de uso de millones de cubanos fuera de la isla.

Sus filiales extranjeras, muchas de las cuales funcionan como pantallas para captar pagos y datos, pueden ser investigadas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su participación en lavado de dinero, evasión de sanciones y colaboración directa con cuerpos represivos. Estas plataformas no son neutras. Saben a quién sirven, a quién financian y qué consecuencias tiene lo que facilitan.

EEUU tiene que acabar con los paños tibios

La administración también puede y debe presionar a plataformas de pago internacionales como Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Western Union y otras para que bloqueen cualquier transacción financiera vinculada a servicios operados por ETECSA. Esto incluye operaciones que se camuflan bajo nombres de terceros, agencias registradas en el extranjero o plataformas intermediarias.

Bajo la autoridad de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y el marco de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading with the Enemy Act), el gobierno de Estados Unidos puede exigir que se identifiquen sus estructuras de cobro, se publiquen advertencias oficiales y se inicien investigaciones por evasión de sanciones. Esta medida impediría que la dictadura siga usando el sistema financiero internacional para fortalecer su aparato represivo a través del flujo digital de dinero.

Frente a esta realidad, Estados Unidos no puede seguir reaccionando con comunicados tibios. Ya existe el marco legal para actuar con contundencia. El gobierno estadounidense puede, por ejemplo, incluir a ETECSA en la Lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro, lo que congelaría todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiría cualquier transacción con ella por parte de ciudadanos o empresas norteamericanas. Esta medida está amparada en la Ley Global Magnitsky y en la Orden Ejecutiva 13818, y ya se ha utilizado contra entidades similares en Venezuela, Irán y China.

El Departamento del Tesoro tiene que hacer su parte

Además, el Departamento del Tesoro puede emitir una enmienda a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos para prohibir específicamente las recargas, pagos o transferencias que terminen en cuentas controladas por ETECSA. No se trata de cortar el contacto entre las familias. Se trata de cerrar el flujo de dinero hacia un sistema que transforma la ayuda en represión. Esta medida tiene como precedente la sanción impuesta en 2020 a FINCIMEX por los mismos motivos.

La administración también puede activar el Título III de la Ley Helms-Burton contra ETECSA, dado que utiliza infraestructura y propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses tras 1959. Torres, centrales telefónicas y terrenos expropiados podrían justificar demandas en cortes federales, como ya ha ocurrido con otras entidades estatales cubanas.

ETECSA también puede ser incluida en la Entity List del Departamento de Comercio, lo que impediría que acceda, directa o indirectamente, a cualquier tecnología con componentes estadounidenses, incluyendo software, routers, servidores y plataformas de gestión. Esta acción está contemplada en las Regulaciones de Administración de Exportaciones y se ha aplicado contra Huawei por motivos similares.

Es la hora de terminar con el verdugo digital

La sanción debe extenderse a los responsables. La Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones Consolidadas permite sancionar individualmente a los directivos de ETECSA, jefes de departamento o técnicos responsables de ejecutar órdenes de censura, espionaje o desconexión. Estas sanciones incluyen la prohibición de entrada a Estados Unidos, la congelación de bienes y la publicación pública como represores. Ya se ha hecho con funcionarios de China, Nicaragua y Bielorrusia.

Nada de esto es un ataque contra el pueblo cubano. Todo lo contrario. Es una forma directa de atacar al aparato que lo silencia. ETECSA no puede seguir operando impunemente como si fuera una empresa. No lo es. Es un engranaje clave de la represión cubana. Es el verdugo digital del pueblo. Tiene nombre, dirección, cuentas bancarias, cómplices y contratos. El que no actúe contra ella, siendo consciente de esto, es cómplice por omisión.

El tiempo de los diagnósticos ya pasó. Es hora de consecuencias. Porque cada vez que un cubano es desconectado por opinar, cada vez que un opositor es arrestado por una publicación, cada vez que se corta el internet para evitar que se vea la represión en las calles, hay una empresa ejecutando esa orden: ETECSA. Mientras no se le enfrente, seguirá siendo la cadena digital que amarra el grito del pueblo.