DUEÑO DE DIPLOMARKET DENUNCIA PRESIÓN Y TORTURA EN PRISIÓN DE CUBA

Por Alberto Arego ()

La Habana.- En 2023 saltó a la luz pública la tienda Diplomarket, bautizada por el corresponsal de la CNN como “un Costco en La Habana”. Sin embargo, cerró poco tiempo después de aparecer en las redes sociales y dejar en evidencia que muchos de sus productos eran comprados directamente en Estados Unidos. ¿Quién dijo “bloqueo”?

Pues su dueño, el empresario cubanoamericano Frank Cuspinera está preso desde el año pasado y denunció en una carta pública un supuesto complot en su contra de la Seguridad del Estado. La misiva fue publicada este martes por Alexander Otaola y verificada por sus familiares, según el medio independiente 14ymedio.

A continuación la carta de Frank Cuspinera:

DENUNCIA sobre el caso Diplomarket – El Costco Cubano

Mayo 21 del 2025

A quien pueda interesar. A la comunidad Cubana e internacional:

Yo, Frank Cuspinera, ciudadano, abogado, empresario Cubano-Americano, propietario de marcas en Florida EE.UU. Guspinera Surl IIc, y de la MIPYME Guspinera Surl ambas bajo la marca Diplomarket conocido como El Costco Cubano:

Hago un llamado de denuncia a la comunidad internacional, a los organismos internacionales de los Derechos Humanos y al Departamento de Estado de EE.UU, por violaciones constantes de mis derechos y la protección de garantías legales básicas por parte de instituciones judiciales cubanas.

Quiero denunciar el uso desproporcionado de la presión mediática y psicológica, manipulado por los órganos represivos de la Seguridad del Estado (DSE) y el aparato judicial cubano que se activan con saña sobre mí y han logrado a consecuencia de múltiples falsedades, haberme acusado sin derecho a defensa. Han limitado mi acceso a la justicia. Me negaron mis derechos a comunicación y defensa legal desde el inicio.

Desde el inicio de mi huelga de hambre (plantarme) el día 12 de junio de 2024, como recurso de defensa y protesta ante tantas evidencias de que no se garantizaban mis derechos a una investigación legal y a poder probar mi inocencia, la DSE (Policía del pensamiento) y la DCI (control del DTI), todas instituciones, incluyendo a mi abogado de ley, han actuado de forma hostil en mi contra, manipulando todos los datos juntos desde el 8 de junio del 2024, hace casi un año.

Han negado toda posibilidad de fianza basado en una falsedad social absurda y sin pruebas (como que fui parte de Soeico), han manipulado declaraciones de testigos y empleados, y realizado acciones y omisiones orales para forzar un criterio de culpabilidad insistente, realizadas por 3 individuales entidades de la DSE y DTI, que no cualifican por ello, están en que en vez de proteger la verdad salga a relucir:

La instructora Yissel Oltura Betancourt, la Rtra. provincial de la OIJE, Joan Ka, mi abogado Luis Alberto Martínez Suárez, han realizado en conjunto acciones ilegales para mantenerme el prisionero injustamente y limitar mi defensa. No trataré de rendir (la acción) de la justicia, sino pedir que pueda defenderme a favor de una fianza y que la verdad sobre mi legalidad y la de las instituciones salga a relucir.

Han tomado declaraciones bajo engaño, presión y tortura, etc.

Detengo lo solo comprometido con el DTI/DSE violando una presunción debida. No me han permitido leer declaraciones completas, presentar hojas de testigos, ni delegado accesos a documentos probatorios. Tampoco la instrucción se ha interesado en un hecho declarativo con pruebas y contradicciones. Se me negó defensa técnica.

Mi defensor recibió recortes de cuerpos de control y evidencias usadas y frases carentes de lógica investigativa. El juicio se ha basado con proyectos de mantenimiento y gestión inadecuadas. Tampoco me permitieron acceder a mis expedientes e instar que otros defensores puedan actuar.

Los delitos que se me imputan han manipulado declaraciones de trabajadores consideradas fuera de su conocimiento y control, criminalizando mi trabajo legal en comercio de trabajadores. Lo que no es ilegal y que han convertido en delito social. Por ello han negado fianza.

Han decomisado miles de dólares en mercancías y equipamientos dirigidos a proyectos sociales bajo cuentas bancarias. No han logrado probar ningún acto delictivo. Solo intentan confundir el carácter legal de la actividad de importaciones. Por entre los pares de sujetos acusados han creado disímiles versiones. No todos los implicados han sido acusados. No todos están presos. No todos los documentos incautados han sido presentados como pruebas. No se ha cumplido la ley de procesos.

No se me ha respondido por qué no me permiten defenderme en libertad y revisar socialmente y otorgar fianza. ¡ME TIENEN MIEDO! ¡SOLO LA VERDAD!

Los órganos de la DSE han aislado cualquier posibilidad de defensa, acusan sin pruebas claras y no me han permitido facilitar mi familia ni mi fianza, justificando que revelé información útil no censurada, deplorada, libre de seguridad. Todo el proceso ha sido una manipulación.

La situación de forma internacional ha sido vilipendiada por falta de garantías (como mi nacionalidad estadounidense) para cuidar el respeto a los derechos civiles. Por eso hago huelga de hambre.

Me han fabricado un caso promovido políticamente y han desinformado el sector privado de mi empresa registrada en EUA, con autorizo de licencias federadas y que cometo con empresas esta bajo auditorías a distancia y sin ninguna justificación.

No me otorgan fianza para evitar que se ventilen todas las evidencias y pruebas de la legalidad, el colapso de la DSE y DTI, de las instrucciones y detalles, aún representándome mi abogado. Estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con mi huelga de hambre por probar mi inocencia.

Mi madre tiene cáncer avanzado, tienen miedo.