Miedo y pataleta en La Habana

Por Jorge Sotero ()

La Habana.- Hay algo en el tono de la cancillería cubana que delata más ansiedad que convicción. Cuando un gobierno se ve obligado a repetir por enésima vez que «no forma parte del conflicto» y que sus ciudadanos «no cuentan con el estímulo» del Estado, lo que realmente está confesando es que el asunto le quema en las manos.

La declaración del Minrex de este miércoles, rechazando «de manera categórica» las acusaciones de Washington sobre la presunta implicación cubana en Ucrania, no es un despliegue de soberanía: es una pataleta defensiva, el manoteo de quien sabe que la sombra de la sospecha es demasiado alargada como para ignorarla .

Para entender el berrinche hay que retroceder. Todo comenzó en 2023, cuando medios internacionales documentaron que Rusia estaba reclutando activamente a cubanos para engrosar sus filas en el frente ucraniano. La Habana reaccionó entonces con una investigación penal, anunciando que había detectado una red de trata operando desde territorio ruso. Desde aquel septiembre, el gobierno de Díaz-Canel ha insistido en que su política contra el mercenarismo es de «tolerancia cero» y que los reclutadores actúan desde el extranjero, sin vínculo alguno con el Estado . El problema es que la explicación, por repetida, no se vuelve más creíble.

Lo que ha cambiado en estos meses es la presión. En abril de este año, el Departamento de Estado envió al Congreso un informe que, sin afirmar que La Habana haya despachado oficialmente a los combatientes, sostenía que existían «indicadores significativos» de que el régimen toleró, facilitó o permitió selectivamente el flujo de hasta 5.000 cubanos hacia Rusia. Esa distinción—entre enviar y tolerar—es la que ha puesto a la cancillería de los nervios. Porque la acusación ya no es de complicidad directa, sino de algo más difícil de rebatir: la complicidad por omisión, el silencio cómplice de un Estado que dice no saber qué hacen sus ciudadanos cuando cruzan fronteras.

El miedo a lo que pueda ocurrir

La respuesta cubana ha sido un aluvión de cifras. El comunicado de esta semana presume de 17 expedientes investigados desde 2023, 49 imputados, 43 llevados a juicio y penas de entre cinco y dieciséis años. «Cuba procesa y sanciona», insiste el texto, como si la existencia de tribunales probara la inexistencia del problema. Pero hay un detalle que la retórica oficial no puede ocultar: en cinco de esos casos, con seis imputados, la Fiscalía decidió sobreseer porque no se probó su intervención. Es decir, el propio sistema judicial cubano reconoce que no siempre tiene evidencia sólida, lo que siembra una duda razonable sobre la eficacia de esa «tolerancia cero» que tanto pregona.

Mientras La Habana se enreda en su propia defensa, Washington juega a otro juego. La administración Trump no necesita pruebas irrefutables; le basta con la sospecha para justificar su cerco. El informe de abril no fue un ejercicio de transparencia, sino un ladrillo más en la estrategia de asfixia: coincidió con la intensificación del bloqueo petrolero y con las declaraciones del propio Trump sugiriendo que, después de Irán, «podría pasarse por Cuba». La acusación ucraniana es, para Washington, un instrumento útil: desacredita a La Habana ante la comunidad internacional, complica cualquier intento de levantar el embargo en Naciones Unidas y alimenta la narrativa de un régimen cómplice de Moscú.

Y en medio de ese pulso, los cubanos de a pie. Los que se enrolaron por necesidad económica, los que fueron engañados por redes de trata, los que ahora cumplen condenas en la isla mientras los reclutadores que operaban desde Rusia siguen impunes. La declaración del Minrex afirma que «ninguno» de esos ciudadanos contó con el «consentimiento» del Estado. Probablemente sea cierto. Pero un Estado que durante décadas ha controlado hasta el último movimiento de sus ciudadanos, que exige permisos de salida y vigila las conversaciones ajenas, no puede pretender ahora el beneficio de la ignorancia. La pataleta de La Habana no es la de un gobierno inocente; es la de un gobierno sorprendido, incómodo, y sobre todo, con miedo de que la próxima acusación traiga consigo algo más que un comunicado.