Cuarenta y nueve mujeres asesinadas y demasiadas preguntas sin respuesta en Cuba

Por Anette Espinosa

La Habana.- El régimen cubano «registró» 49 mujeres de 15 años o más víctimas de asesinatos por razones de género cuyos casos fueron conocidos en procesos judiciales durante 2025, según el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG).

La cifra equivale a una tasa de 1,19 por cada 100 mil mujeres y supone un «descenso» frente a los 76 casos registrados en procesos judiciales de 2024 y los 60 de 2023. Pero hasta en una estadística que la dictadura presenta como un avance hay algo que no cuadra: esos 49 casos no significan necesariamente que 49 mujeres hayan sido asesinadas durante 2025, porque el registro se organiza por el año en que los procesos fueron juzgados y no por la fecha en que ocurrieron los crímenes.

La Habana encabezó el listado con 12 casos, seguida por Mayabeque, Camagüey y Holguín, con seis cada una, mientras Santiago de Cuba acumuló cinco. El 46,9 % de las víctimas habría sido asesinada por su expareja y el 89,7 % de los hechos ocurrió dentro del hogar. Son números fríos, pero detrás de cada uno había una mujer, una familia y, en muchos casos, hijos que quedaron completamente desamparados.

De hecho, 32 de las víctimas tenían hijos menores de edad, dejando a 54 niños y niñas sin sus madres. Esa debería ser razón suficiente para que el Gobierno cubano dejara de convertir las tragedias nacionales en simples porcentajes y comenzara a rendir cuentas sobre qué está haciendo realmente para prevenirlas.

El problema es que ni siquiera sabemos toda la dimensión de la tragedia. El propio diseño del indicador oficial deja fuera los asesinatos que no llegaron a juicio, los casos todavía bajo investigación y otros hechos que no entraron en los procesos judiciales contabilizados.

Organizaciones independientes han cuestionado precisamente esa metodología y han advertido que resulta imposible utilizar esos 49 casos como una fotografía completa de los feminicidios ocurridos en Cuba durante 2025. El Observatorio de Género de Alas Tensas, por ejemplo, utiliza una metodología diferente y registra los hechos según el año en que ocurrieron, independientemente de cuándo sean denunciados o juzgados.

Aquí aparece otra de las grandes miserias del sistema cubano: la falta de transparencia. El régimen presume de tener estadísticas, observatorios y campañas por el llamado Día Naranja, pero cuando una familia pierde a una mujer víctima de violencia machista no necesita consignas ni publicaciones en redes sociales; necesita protección, justicia y respuestas.

Tampoco basta con anunciar que existen políticas para combatir la violencia de género cuando los propios datos oficiales reconocen que el fenómeno es mucho más amplio que aquello que llega a los tribunales. Una dictadura que controla la información, la prensa y buena parte de las instituciones debería, como mínimo, ser capaz de explicar cuántas mujeres han sido asesinadas, cuándo ocurrieron esos crímenes, qué condenas recibieron los responsables y qué medidas concretas se tomaron para impedir que otros hechos similares vuelvan a ocurrir.

Cuarenta y nueve mujeres no son una cifra para celebrar ni un argumento para presumir de una supuesta mejoría. Son 49 vidas perdidas en procesos judiciales conocidos durante 2025, y detrás de ellas quedan 54 menores que crecieron de golpe sin sus madres.

Si el Gobierno cubano quiere demostrar que realmente le importa la vida de las mujeres, que publique los datos completos, que permita el trabajo independiente de quienes documentan estos crímenes y que deje de esconder las dimensiones reales de una violencia que no desaparece porque un funcionario la coloque dentro de una tabla estadística. En Cuba hace falta mucho más que medir la violencia: hace falta enfrentarla, prevenirla y, sobre todo, dejar de tratar el dolor de las familias como otro número perdido en las estadísticas oficiales.