El precio de la violencia en Cuba: 55 pesos por un niño golpeado
Por Anette Espinosa ()
La Habana.- Yunisleydis Leyva Torres pasó la noche en vela, no por insomnio, sino por el dolor de su hijo de 9 años, golpeado por un hombre señalado como colaborador de la Policía Nacional Revolucionaria en el poblado de Calixto, Las Tunas. Mientras el menor gemía de dolor, ella miraba las horas pasar sin entender cómo era posible que la justicia castrista, tan pronta para perseguir disidentes, fuera tan indulgente con un agresor. La respuesta llegó al día siguiente: una multa de 55 pesos. Cincuenta y cinco pesos por la integridad de un niño.
El domingo, alrededor de las cinco de la tarde, un hombre agredió al pequeño. La policía lo dejó ir a su casa, mientras la madre cargaba con el sufrimiento de su hijo. No hubo detención, no hubo interrogatorio severo, no hubo una investigación que reflejara la gravedad del acto.
Solo una multa, como quien pone una infracción de tránsito. Y luego, para rematar la burla, Yunisleydis recibió una orden de alejamiento. Ella, la víctima indirecta, la madre que velaba el dolor de su hijo, era la que debía mantenerse lejos del agresor.
Un colaborador de la policía tiene protección en Cuba… para todo
Esta no es una historia de violencia aislada, sino el reflejo de un sistema donde la justicia no se aplica por igual. En Cuba, hay ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros, los que tienen vínculos con el poder, gozan de impunidad; los segundos, los que no tienen padrinos, pagan las consecuencias. El presunto agresor, colaborador de la policía, no es un ciudadano cualquiera: es parte del entramado de protección que el régimen teje para sus leales. Mientras tanto, un niño de nueve años, que no tiene carnet de partido ni padrino político, queda desprotegido, reducido a una cifra en un expediente.
La pregunta de Yunisleydis —»¿Es que para los niños no hay protección en Cuba?»— es un grito que reverbera en los pasillos vacíos de las fiscalías y los juzgados. Porque sí, hay leyes que protegen a los menores, pero son papel mojado cuando la víctima no tiene apellido influyente o cuando el agresor viste el uniforme de la lealtad revolucionaria. La diferencia entre el sufrimiento de un niño y una multa de 55 pesos es la distancia que separa la retórica oficial de la realidad cotidiana: una distancia abismal que el régimen se niega a reconocer.
La historia de Yunisleydis no es única. Es la historia de miles de madres que claman justicia y solo encuentran silencio o desprecio. Es la historia de un sistema que castiga al débil y protege al poderoso. Es la historia de una dictadura que se jacta de su humanismo mientras los niños son golpeados y los agresores siguen libres. La pregunta no es si hay protección en Cuba, sino a quién protege realmente el régimen. Y la respuesta, como siempre, es la misma: a los suyos. Mientras tanto, un niño de 9 años sigue adolorido, y su madre sigue esperando una justicia que nunca llega.
