La Habana.- La retórica oficial sobre la crisis de seguridad alimentaria presenta un enfoque “amplio” de medidas, pero la evidencia indica que los “topes” de precios siguen siendo un instrumento privilegiado a pesar de su tradicional inefectividad para resolver la causa de la crisis.
Los “topes” de precios no son efectivos para estimular la oferta, pero pueden ser políticamente “convenientes” porque ensalzan la función “protectora” del Estado a la vez que facilitan identificar “culpables” no estatales. Los “topes” están incrustados en la narrativa oficial.
Con anterioridad al inicio de la pandemia, ya quedaba claro que los topes de precios funcionaban como un mecanismo administrativo con capacidad limitada para regular el mercado. La pandemia acentuó la utilización de topes, pero sin impacto en una mayor oferta.
El fiasco de la llamada “inflación de diseño” del “ordenamiento” -complementada con factores circunstanciales y geopolíticos- se tradujo en una notable multiplicación del precio de los alimentos que hace parecer “próspera” la escasez de pre-pandemia y pre-“ordenamiento”.
El déficit de oferta de alimentos se resuelve de dos formas: importaciones y producción interna. La capacidad para importar alimentos en la escala que demandan los mercados en moneda nacional implicaría desembolsos de divisas que el gobierno declara no disponer.
La perseverante crisis agropecuaria expresa el inefectivo enfoque productivo oficial (las llamadas “63 medidas”) y más recientemente se ha enfatizado un localismo agropecuario de cuestionable validez, salpicado con ideas extravagantes (estanques en patios para la pesca).

El costo estatal en divisas del componente importado de la oferta en moneda nacional intenta contenerse mediante la “normalización” de percances en la canasta básica y con la transferencia de una parte de la factura importadora en divisas hacia las MIPYMES.
Adicionalmente se ha ampliado y “perfeccionado” el mercado interno dolarizado de entidades “privadas” que tienen una imprecisa conexión con la propiedad estatal y que cobran directamente en el exterior, en divisas, una oferta que es principalmente importada.
Ni la “explicación” de percances (“ríos congelados”), ni el localismo agropecuario, ni las ventas en MLC, ni los tinglados dolarizados online, ni las tiendas rusas, ni las “63 medidas” tienen capacidad para proporcionar seguridad alimentaria basada en los ingresos del trabajo.
La solución debería enfocarse en la producción interna, en gran medida realizada por el sector privado, lo que exigiría la transformación estructural de la actual pequeña producción mercantil en producción capitalista, pero esa variante no encuentra “tracción” política.
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