LA JUSTICIA COMO MERETRIZ ANTE EL FRAUDE

Por Joel Fonte

La Habana.- Con frecuencia el ciudadano común – aunque en dictadura no es válido emplear el concepto «ciudadano», por cuanto no habiendo derechos, se anula el civismo- tiende a atribuirle legitimidad a todo aquello que validan los órganos de un Estado dado, y en especial los tribunales de justicia.

Ese hecho tiene su origen en el adoctrinamiento que se implementa desde los centros de enseñanza, donde se sacraliza al Poder y a las instituciones que lo ejercen.

Amparados en ese hecho, es que con frecuencia los regímenes totalitarios, abusivos, las dictaduras, tienden a procurar validar sus actos criminales con la adopción de normas jurídicas que los legitiman.

Por eso, la insistencia en la verificación de la legalidad de un régimen, no atendiendo a las leyes que dicta, sino al contenido de ellas.

El nazismo, el fascismo, el holocausto, y tantos genocidios y graves actos contra la existencia misma de la humanidad, fueron validados en su momento por sus gestores con la aprobación e imposición de normas jurídicas, y no por ello dejaron de ser criminales.

En Cuba, por ejemplo, el castrismo impuso un régimen -validado por una norma constitucional- que convierte a una sociedad entera, de unos 10 millones de almas, lastrada por la emigración, en esclavas de una ideología, de un Partido único, que está incluso por encima de esa misma constitución.

Ese hecho abominable, tan enfermo que solo puede caber en una mente retorcida, es sin embargo un hecho «jurídico», por cuanto es «legal»…

He explicado sucintamente esto -la estrategia de legitimar lo ilegal con el empleo de instituciones y leyes- para señalar el nuevo paso criminal que, con la evidente tutela y asesoría de la dictadura castrista, ha iniciado ahora el señor Maduro.

Maduro, que luego de casi una semana de celebradas las elecciones en Venezuela, insiste en robarse su verdadero resultado mediante el fraude, presentó ayer un proceso ante el máximo órgano de justicia de ese país para que, sustituyendo la voluntad de millones de venezolanos expresada en las urnas, valide el pronunciamiento descarado, criminal, del Poder Electoral que lo declaró oficialmente ganador, violando todos los procedimientos, y lo haga con una sentencia judicial inapelable.

El Poder Judicial, como el Poder Electoral, es otro de los poderes que conforman el Estado venezolano, y que Maduro también tiene secuestrado.

Así pues, para que pueda advertirse cuál es la legitimidad, la imparcialidad frente al Chavismo y frente a la figura de Maduro en especial, de ese «Poder Independiente» que es en teoría el tribunal supremo de justicia venezolano, basta con conocer a quien preside esa Sala Electoral que resolverá la legitimidad o no de la reelección del déspota chavista. Esa magistrada es Caryslia Beatriz Rodríguez.

Esta señora no solo es militante del PSUV -el partido del Chavismo- sino que es una activa defensora del pensamiento de Chávez y declarada incondicional al dictador Maduro.

¿Cómo puede haber legitimidad, imparcialidad, en el actuar de un «Poder» tan comprometido con el verdadero Poder?

Esa realidad, que los cubanos hemos sufrido por mucho más tiempo, tiene que ser denunciada, porque la impunidad del crimen aumenta cuando se guarda silencio frente a ellos.