GARANTÍAS

Por Jorge Fernández Era ()

La Habana.- El 6 de abril de 2023, con una ridícula y aparatosa detención a tres cuadras de mi casa, comencé a pagar por la osadía de escribir y burlarme de la realidad. La orden fue dada no obstante estar inmerso en un proceso legal de reclamación ante las anomalías de dos citaciones —la primera de la Seguridad del Estado, la segunda de la Policía Nacional Revolucionaria— que escandalosamente violaban lo estipulado en la Ley de Proceso Penal. Me había negado a asistir a las dos porque «Son nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen sin observar lo dispuesto».

Pasando por encima de las diligencias que se supone realizaba la Fiscalía General del Ministerio del Interior, la Unidad de la PNR de Aguilera me abrió expediente por cuatro acusaciones —desobediencia, sedición, irrespeto a los líderes de la Revolución y difamación— y me impuso sendas medidas cautelares de «reclusión domiciliaria» y «prohibición de salida del país». Vaya, que hacerme el gracioso podría haberme costado más de dos décadas de cárcel de no ser porque al final arrastré solo lo de «desobediente».

El objetivo de semejante proceso queda al desnudo si se analiza que solo en la «conversación» sostenida con el agente del Departamento de Seguridad del Estado que se personó en mi edificio el 27 de enero del mismo año salieron a relucir las ronchas que causaba mi entonces columna semanal de humor para La Joven Cuba. En el tiempo transcurrido desde entonces, ningún oficial que me atiende se ha atrevido a discutir mi labor como humorista, periodista o gente de pensamiento. «Cómo se te ocurre no asistir a dos citaciones» es el único pretexto para lo que me ha caído encima. Lo utilizaron incluso los fiscales sin siquiera echarle un vistazo a los dos papeluchos. Los órganos encargados de velar por el orden interior y la legalidad se han valido del desorden y la ilegalidad para intentar cerrarme la boca.

Con tal fin no tienen reparos en utilizar como medio de chantaje a mi propia familia, en especial a mi hijo. Las amenazas de que pagaría las consecuencias de los actos de su padre han sido cumplidas al pie de la letra. Fue trasladado a sesenta kilómetros de la capital y en un régimen más estricto solo porque no me conminó a dejar de escribir mis críticas en las redes sociales. Su delito común lo han convertido en una causa política muy a tono con prácticas fascistas que con total impunidad acontecen en un «Estado de Derecho», denominación que le da la carta magna a «esto».

Procedimientos como los anteriores, a los que se suman detenciones, interrogatorios y torturas sicológicas, han sido utilizados contra mí y contra los míos sin que nadie, absolutamente nadie, los pare y los castigue —«Cuando en la tramitación de un asunto se advierta que se ha cometido alguna infracción de índole procesal que lo amerite, la autoridad correspondiente impone la corrección disciplinaria pertinente»—, haciendo caso omiso de la «estricta observancia de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado», y de que «se presume inocente a toda persona mientras no exista sentencia condenatoria firme; en caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se está a lo más favorable para esta». La Fiscalía General del Minint se desatiende de los tres meses que tienen para darme respuesta —treinta días es lo que dice la recién aprobada Ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones—, y el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Ministerio de Cultura, la Uneac y la Upec se limpian las manos con un silencio de más de ocho meses y el archivo o tiro al cesto de mis respectivas reclamaciones.

El 11 de enero del presente año me llamó por teléfono el jefe de la Unidad de Aguilera para informarme que se había decidido el sobreseimiento de mi causa, y que volvería a comunicarse conmigo para informarme los términos. Espero aún. En los últimos días, ya cumplido el plazo de doce meses para juzgarme, me he dirigido en sucesivas ocasiones a la Fiscalía Provincial y a la Unidad de Aguilera con el objetivo de conocer qué hay de nuevo. El limbo legal no solo consiste en que nadie me ha sabido decir dónde está mi expediente, sino en enterarme de que el susodicho jefe de Unidad y el instructor penal de mi caso fueron trasladados hacia otras funciones fuera del municipio.

Hace rato que, a tenor del Artículo 59 de la Ley de Proceso Penal —«Son causa de nulidad absoluta las actuaciones ejecutadas con vulneración de los derechos y de las garantías relativas al debido proceso»—, la suspensión de mi causa judicial debió ser declarada de hecho. Igual ameritaba echar mano al Artículo 58.1: «Pueden ser anulados los actos procesales ejecutados vulnerando las garantías consagradas en la Constitución, en esta Ley y en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y aquellos que se ejecuten con inobservancia de las formalidades previstas en esta Ley que ocasionen perjuicios a los intervinientes».

Como el Artículo 43 dicta que «El vencimiento de un término o plazo implica su caducidad, salvo que esta Ley permita prorrogarlo o excepcionalmente la autoridad actuante lo considere procedente», y ni fiscales ni instructores penales me han notificado que se aplaza por seis meses mi juicio, doy formalmente por terminada mi prisión domiciliaria. Ya veremos qué argumentos esgrimen si pretenden detenerme cuando mañana, en uso del derecho que me otorga la Constitución, me pare como cada 18 en una plaza pública a protestar contra la mierda que se derrama sobre mí y sobre tantos otros «delincuentes».