Delcy Rodríguez anuncia “fin” de la amnistía en Venezuela y ONG la tildan de inconstitucional
Redacción Internacional
Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche de este jueves que la amnistía “llega a su fin”, dos meses después de que se aprobara la ley —que no contempla una caducidad— y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que “estaban excluidos expresamente” en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
La líder chavista expresó que la amnistía “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política”, en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La ley contempla un período de 27 años, desde 1999, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Mas de 8.500 amnistiados
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según el diputado chavista Jorge Arreaza. Las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes válidas, aunque no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas. La ONG Foro Penal afirmó que, según sus registros, menos del 25% de las excarcelaciones de este año se deben a la Ley de Amnistía.
Varias ONG rechazaron este jueves el anuncio de Rodríguez al considerarlo “arbitrario e inconstitucional”, ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad. “Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz”, manifestó Provea en X. Acceso a la Justicia argumentó que la ley solo se puede derogar “mediante otra ley de igual rango” dictada por el Parlamento o por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
“La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso viola los principios constitucionales de separación de poderes”, apuntó Acceso a la Justicia. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón calificó el anuncio como un “atropello al Estado de derecho” y un “acto de inseguridad jurídica” que deja en “absoluta vulnerabilidad a las víctimas”. Rodríguez instaló este jueves una comisión para reformar la justicia penal, con el objetivo, afirmó, de superar los “males que persisten” en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
