Delcy Rodríguez y Augusto Pinochet: ¿la transición que queremos o la que debe transitar?

Por Lara Crofs

La Habana.- El día de ayer fue literalmente de locos. Todos los días no se ve caer a un dictador. La rapidez de lo acontecido dejó varias dudas, miedos y sembró la inseguridad. Sobre todo porque tenemos claro, que Trump no es un santo y que Venezuela tiene mucho atractivo para todos por sus riquezas, pero la historia -siempre intento analizar todo desde ahí- rara vez concede transiciones ideales. Lo que ofrece, una y otra vez, son salidas posibles, imperfectas y profundamente incómodas. Las transiciones políticas no suelen nacer de la justicia inmediata ni de la épica revolucionaria, sino del desgaste, del cálculo y de la necesidad de evitar escenarios peores.

Chile, 1988–1990 ofrece una lección incómoda. En octubre de 1988, Augusto Pinochet perdió el plebiscito que él mismo había convocado. No hubo asalto al poder ni colapso institucional. La dictadura no se desplomó esa noche. Pinochet aceptó el resultado, pero permaneció casi dos años más en la presidencia, conservando el control de las Fuerzas Armadas y negociando cuidadosamente las condiciones de su salida.

Durante ese período, Chile transitó una salida pactada, gradual y tutelada. Se garantizaron equilibrios, se evitaron purgas, se protegieron estructuras clave del Estado y se contuvo el riesgo de una confrontación interna. Estados Unidos actuó como garante externo, no gobernó Chile ni impuso autoridades, pero fijó límites claros para evitar el caos. Muchos quedaron insatisfechos. Pero el Estado chileno sobrevivió intacto.

La lección chilena es incómoda, pero clara. La transición no fue justa en su punto de partida. Fue funcional. La estabilidad vino primero; la justicia, mucho después. No fue una historia heroica, pero evitó una guerra interna y permitió preservar la estructura del Estado.

Venezuela llega a su punto de quiebre en condiciones aún más complejas. No enfrenta solo un poder político desgastado, sino una estructura criminal transnacional incrustada en el Estado. ELN, disidencias de las FARC, células de Hezbolá, redes de espionaje cubano, colectivos armados, Tupamaros y el Tren de Aragua conviven dentro de una misma arquitectura de control territorial, corrupción y violencia.

Allí no hay instituciones autónomas que simplemente puedan “retomarse”. Hay 27 años de demolición institucional. El Estado fue sustituido por una red criminal compleja que debe ser desmantelada con cuidado, porque una ruptura abrupta puede detonar violencia masiva y fragmentación territorial.

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un quiebre definitivo. Estados Unidos ejecutó la operación que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro fuera del país. Horas después, Donald Trump confirmó públicamente el operativo y anunció que Estados Unidos supervisaría el proceso venezolano hasta garantizar una transición segura.

El 4 de enero de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia temporal del presidente y formalizó la asunción de funciones ejecutivas por parte de Delcy Rodríguez. La secuencia importa: primero ocurrió la extracción; luego vino la formalización interna. El proceso no nació de una legalidad perfecta, sino de la urgencia de evitar un vacío de poder en un país sin instituciones funcionales.

El encuadre de Trump no nació el día de la extracción. Desde agosto del año pasado, cuando comenzaron las operaciones contra narcolanchas y rutas marítimas del Caribe, la narrativa fue clara y consistente: no se habló de cambio de régimen, sino de narcotráfico, crimen organizado y seguridad hemisférica. El Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y las redes criminales transnacionales fueron el punto de entrada del discurso, no la sustitución de presidentes. Esa coherencia explica todo lo que vino después.

Por eso, cuando desde Mar-a-Lago Trump advirtió que no habría más rescates y que el incumplimiento de las condiciones llevaría a nuevos ataques, no estaba inaugurando una línea política, sino cerrando un ciclo iniciado meses antes bajo el marco de seguridad. Venezuela fue presentada como un problema de crimen organizado transnacional, no como un conflicto político interno.

En ese mismo discurso, Trump fue enfático en un punto que suele confundirse: Estados Unidos no gobernaría Venezuela. Su planteamiento fue tutelar la transición, fijar límites, supervisar condiciones de seguridad y garantizar que el proceso no derivara en caos o violencia. Tutelar no es gobernar. No implica administrar el país ni sustituir autoridades, sino actuar como garante externo mientras se estabiliza el escenario interno. Esa diferencia es clave para entender la arquitectura del proceso.

En ese mismo marco se inscribe la política petrolera. No se trata de “robarse el petróleo”. La lógica expuesta ha sido permitir el retorno de empresas estadounidenses, elevar la producción, recuperar infraestructura destruida y estabilizar un sector hoy colapsado. Con la producción por el suelo y más de nueve millones de venezolanos exiliados, la reactivación energética se plantea como un interés compartido, mejora la seguridad energética de Estados Unidos y crea condiciones materiales para la reconstrucción venezolana.

El petróleo, en este esquema, no es botín político, sino herramienta de estabilización. Sin ingresos, sin inversión y sin infraestructura, no hay transición sostenible posible. Sin estabilidad económica mínima, cualquier intento de reconstrucción institucional está condenado al fracaso.

En este diseño aparece Delcy Rodríguez como figura funcional. No encarna legitimidad democrática ni un proyecto político de futuro. Conoce el aparato, controla la caja y no moviliza masas. No representa una ruptura simbólica, y por eso resulta útil para ganar tiempo mientras se contiene el riesgo armado y se inicia la etapa de estabilización.

Surge entonces una pregunta inevitable que a muchos nos voló la cabeza: ¿por qué no colocar de inmediato a quienes ganaron el 28J? María Corina Machado y Edmundo González tienen legitimidad electoral incuestionable. El mandato político existe y no se discute.

Pero transición no es lo mismo que gobierno democrático y aquí comienzan los detalles importantes. La fase inicial exige desmontar redes criminales, neutralizar actores armados y reconstruir instituciones que dejaron de existir hace décadas. Colocar de inmediato a los líderes del mandato democrático podría convertir la transición en un choque frontal, no en un proceso de desarme del poder real.

La historia muestra que los liderazgos llamados a encarnar la democracia no siempre deben cargar con el costo más peligroso de la etapa de estabilización. A veces, su papel es llegar después, cuando el terreno ya no está minado. El tiempo de María Corina Machado llegará, o al menos eso esperamos todos. Forzarlo ahora podría poner en riesgo el propio mandato del 28J. Prudencia no es traición después de esto tan simple pero importante, entendí que se está protegiendo al pueblo que suele ser quien paga siempre.

¿Estamos ante la transición que queremos o ante la única que puede evitar el caos?

¿Puede desmontarse una estructura criminal transnacional sin una fase previa de estabilización?

¿Hasta qué punto una tutela externa es el precio a pagar por neutralizar redes armadas y narcoterroristas?

¿Cómo se protege el mandato del 28J en un país sin instituciones funcionales?

¿Están preparados los venezolanos para aceptar una transición incómoda si eso significa llegar vivos a la democracia?