Cuba: vulnerabilidad imprecisa, asistencia social insuficiente, y miseria sin luz al final del túnel
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Por Pedro Monreal ()
Las estadísticas cubanas sobre vulnerabilidad presentan una profunda disonancia. El gobierno informó recientemente de 883.436 personas en situación de vulnerabilidad, mientras que Naciones Unidas apoya en su Plan de Acción 2026 a dos millones de personas con necesidades básicas insatisfechas. La socióloga Mayra Espina estima que alrededor de 6,45 millones de personas —el 66% de la población— viven en pobreza económica.
El último dato oficial disponible indica que solo 303.298 personas recibían asistencia social cubierta por el presupuesto estatal en 2025. Entre esa cifra y los 6,45 millones estimados media un océano de diferencias que exige considerar al menos cuatro factores para comprender la realidad de la protección social en la isla.
El primero es que el sistema real de protección social cubano es, en alto grado, privado y transnacional, articulado por la vía de las remesas. La remesa protege, pero también excluye: quienes no la reciben son los más golpeados por la crisis. El segundo factor es la trampa estadística de no diferenciar entre vulnerable y beneficiario de la asistencia social oficial.
El gobierno puede anunciar que identificó a cientos de miles de vulnerables y al mismo tiempo pagar asistencia solo a 303.298 beneficiarios sin violar ninguna norma, porque la primera cifra es un diagnóstico y la segunda sí es un compromiso presupuestario. El tercer factor es que no existe una definición legal única de vulnerabilidad en la Ley de Seguridad Social: se trata de una categoría operativa y cambiante que construye el Ministerio de Trabajo en cada proceso de caracterización.
Las remesas superan con creces la ayuda social
El cuarto factor es que la ayuda humanitaria que proveen Naciones Unidas, gobiernos extranjeros, la Cruz Roja e iglesias es en especie, de emergencia y discrecional, dependiente de donantes. Un módulo de arroz y frijoles difiere de una prestación monetaria financiada por el presupuesto nacional, aunque si la asistencia social no llega o no alcanza, un número creciente de personas debe intentar vivir de la ayuda humanitaria.
El Presupuesto 2026 asignó 6.000 millones de pesos a la asistencia social, equivalentes a entre 6,6 y 7,3 millones de dólares según el tipo de cambio. Incluso con un estimado conservador de 1.000 millones de dólares en remesas, estas serían aproximadamente 140 veces mayores que todo el gasto en asistencia social. Ser beneficiario implica el reconocimiento de un derecho y una asignación presupuestaria; ser vulnerable es estar en un listado para posibles ayudas.
La asistencia social cubana es un régimen residual y no contributivo, condicionado a no poder trabajar, no tener familia que apoye y no tener ingresos. La definición oficial de vulnerabilidad se operacionaliza mediante nueve perfiles prioritarios y un umbral de ingreso familiar inferior a 4.000 CUP mensuales por persona, además de un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional aplicado de forma piloto en seis municipios.
La protección social en Cuba ya no se sostiene por el presupuesto de asistencia social, sino por las remesas y la ayuda humanitaria externa: la ONU benefició a 1,7 millones de personas hasta septiembre de 2026, unas 5,6 veces más que el presupuesto de asistencia social, y los donantes habrían comprometido unos 250 millones de dólares en ayuda en especie. A la insuficiencia estructural del sistema se suma el impacto de las medidas coercitivas de Estados Unidos. Cuando un Estado depende de donaciones para alimentar a sus vulnerables, la discusión sobre si debe llamarse crisis humanitaria se vuelve secundaria: el problema existe y se agrava.
