Controlar precios no resolverá el desastre que creó la dictadura
Por Anette Espinosa
Matanzas.- La dictadura cubana vuelve a caer en lo mismo cuando su economía se le derrumba: perseguir las consecuencias de su propio desastre en lugar de atacar las causas. Esta vez le tocó a Matanzas, donde el régimen puso en marcha un nuevo «Ejercicio de Control a los Precios» con inspectores, policías, fiscales y funcionarios desplegados por toda la provincia, como si el verdadero problema de Cuba fueran los vendedores y no un modelo económico que lleva décadas destruyendo la producción nacional.
Las cifras oficiales hablan de 60 multas, siete establecimientos cerrados y 23 apercibimientos tras inspeccionar 99 comercios, además de detectar una deuda fiscal superior a los 4,5 millones de pesos. El régimen presenta esos números como un éxito. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿bajarán los precios porque un inspector cierre un negocio? La respuesta la conocen perfectamente los cubanos después de más de sesenta años de fracasos.
El discurso oficial insiste en combatir la «especulación», pero evita mencionar que la inflación descontrolada, la escasez permanente y la depreciación del peso son consecuencia directa de las políticas económicas impuestas por el propio régimen. Cuando producir es casi imposible, importar cuesta una fortuna y el Estado mantiene un sistema burocrático que ahoga cualquier iniciativa privada, los precios terminan reflejando esa realidad, no la supuesta maldad de los comerciantes.
Durante las inspecciones también se detectaron irregularidades administrativas como la falta de certificación de pesas, problemas contables, ausencia de contratos laborales o incumplimientos tributarios. Son violaciones que deben corregirse. Pero convertir esos casos en el eje del debate nacional sirve para desviar la atención del verdadero responsable de la crisis: un Gobierno incapaz de garantizar alimentos, estabilidad monetaria y condiciones mínimas para que funcione una economía.
No deja de llamar la atención el enorme despliegue de instituciones movilizadas para controlar mercados: Fiscalía, Ministerio del Interior, inspectores, ONAT, bancos, Finanzas, Justicia y autoridades del Poder Popular. El aparato represivo y burocrático demuestra, una vez más, que tiene recursos suficientes para vigilar a los ciudadanos, pero nunca para resolver la escasez que padecen millones de familias.
También resulta revelador que las autoridades amenacen con cierres y sanciones cada vez más severas para quienes incumplan las normas. La historia reciente demuestra que este tipo de campañas terminan provocando exactamente lo contrario de lo que prometen: más negocios cerrados, menos oferta, mayor mercado informal y precios todavía más elevados.
Mientras tanto, el ciudadano común continúa enfrentándose al mismo drama cotidiano. El salario pierde valor, los productos desaparecen de los estantes y conseguir alimentos sigue siendo una carrera de obstáculos. Ninguna de esas realidades cambiará porque un inspector imponga otra multa o porque un funcionario pronuncie un discurso sobre márgenes comerciales.
La dictadura vuelve a apostar por el control en lugar de la producción, por la amenaza en lugar de la libertad económica y por la propaganda en lugar de reconocer el fracaso de un sistema que ha llevado al país a una de las peores crisis de su historia.
Perseguir comerciantes puede generar titulares durante unos días. Lo que no generará es comida, inversión, confianza ni crecimiento. Mientras el régimen siga negándose a asumir su responsabilidad, Cuba continuará atrapada en el mismo círculo vicioso: menos productos, más escasez y una población pagando el precio de décadas de incompetencia gubernamental.
