Washington corta, sin anuncio, los hilos de los cómplices

Por Jorge Sotero ()

La Habana.- La justicia, cuando es genuina, no necesita tambores. Avanza sin alharaca, con la precisión fría del que ejecuta una sentencia ya escrita en los códigos que otros creyeron elásticos. En algún momento del 2025, mientras la atención del mundo estaba en otra parte, el mecanismo administrativo de Estados Unidos realizó dos movimientos quirúrgicos: retiró, sin un comunicado, sin una filtración, sin un titular de prensa, las licencias que permitían a las empresas Katapulk y Maravana exportar vehículos hacia Cuba.

La noticia no llegó con un estruendo, sino con el silencio seco de una puerta que se cierra para siempre. El hecho solo se supo cuando el golpe ya estaba consumado, el canal comercial, muerto, y las compañías, fuera de la ley.

El procedimiento fue una lección de poder discreto. No hubo advertencias públicas, ni plazos de gracia, ni espacio para el lobby desesperado. Simplemente, se constató que los límites estrictos bajo los cuales operaban esos permisos habían sido superados. Y ante esa constatación, el permiso dejó de existir. Fue una revocación administrativa, pura y seca.

El mensaje subyacente es más contundente que cualquier discurso: las autorizaciones para comerciar con el régimen cubano no son derechos adquiridos; son concesiones frágiles, préstamos revocables en cualquier momento, sujetos a una vigilancia constante que no hace ruido pero todo lo ve.

La administración Trump toma cartas

Esta acción sienta un precedente de una claridad brutal para la miríada de intermediarios, testaferros y negociantes que han hecho de la tragedia cubana su nicho de mercado

Les dice, sin gritar, que la era de la impunidad calculada se está agotando. Que se puede estar hoy dentro del circuito y mañana, por una simple decisión de un burócrata anónimo en Washington, quedar fuera, sin recurso y sin explicación que valga ante los accionistas. Es la política del hecho consumado aplicada al castigo económico: cuando te enteras, ya es tarde.

Lo ocurrido con Katapulk y Maravana no es un incidente aislado; es la confirmación de una tendencia. El control sobre los vínculos económicos con la dictadura no se ha relajado; se ha refinado. Se aplica ahora con una menor tolerancia al desvío y una mayor vocación por el sigilo.

La Administración ha aprendido que los escándalos públicos dan oxígeno y plataforma a los cómplices. En cambio, la corrección silenciosa los deja sin aire y sin argumentos, frente a la fría realidad de una cuenta de resultados que de la noche a la mañana deja de sumar.

El fin de la impunidad

Desde esta redacción, interpretamos el hecho como un mensaje estratificado. Para el régimen en La Habana, es un recordatorio de que sus vías de oxigenación externa son cada vez más estrechas y vigiladas.

Para la comunidad empresarial que juega en el filo de la legalidad, es una advertencia inapelable: el margen se acabó. Y para el pueblo cubano, debe leerse como un gesto, mínimo pero significativo, de que la complicidad externa que sostiene a sus opresores ya no goza de la patente de corso que creía tener.

Así opera la nueva contabilidad de la presión. No hace falta una ley nueva, ni un decreto espectacular. Basta con aplicar, con rigor implacable y discreto, las reglas ya existentes. Lo sucedido es el equivalente geopolítico a cortar el suministro sin aviso, dejando que el silencio y la paralización hablen por sí solos.

A los cómplices del castrismo en el exterior, les queda una certeza incómoda: la próxima tijeretada puede que no la vean venir hasta que sea demasiado tarde. La impunidad, efectivamente, tiene los días contados. Y su fin no llegará con fanfarria, sino con la eficacia muda de un trámite administrativo cumplido.