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Por Alina Bárbara López Hernández
Matanzas.- A casi diez meses de no vernos -ambas en reclusión domiciliaria, ella en La Habana y yo en Matanzas-, me reencontré con Jenny en la Fiscalía Provincial de Matanzas y pudimos abrazarnos.
El pasado viernes había acudido a esa institución con el fin de exigir una respuesta, dada la dilación del proceso judicial que se sigue contra nosotras. Cinco meses atrás, la fiscal jefa de la Oficina de Atención a la Ciudadanía me había garantizado que el expediente 140/2024 estaba en fase de revisión de las conclusiones finales de Fiscalía y que pasaría en una semana a Tribunales. Era mentira.
El viernes intentaron la misma explicación y me declaré en protesta pacífica y plantada en el lugar. Dije que solo me sacarían de la institución con una respuesta concreta que incluyera la fecha del paso del caso a Tribunales, o mediante la Policía. Todo el tiempo tuve colgado al cuello un cartel en blanco.
Después de diversas consultas, que a veces demoraron, se me citó para este lunes, 10:00 a.m, con el fin de ser atendida por una funcionaria de mayor jerarquía que se suponía debía ofrecer respuesta. Entonces me retiré del lugar. Le avisé a Jenny y decidió venir, pues según se me dijo, la diligencia debía ser personal.
Hoy acudí temprano a la cita. La funcionaria en cuestión fue la vicefiscal jefa de la provincia, de nombre Ivis. Su trato fue correcto, pero intentó justificar la demora al afirmar que el expediente se encuentra en «fase procesal» porque Fiscalía debe «hacer muy bien su trabajo». Asimismo se negó a dar un plazo concreto para el cierre del expediente.
Es evidente, como advirtieran juristas amigos desde el inicio, que la estrategia utilizada es mantener el caso en un cómodo «limbo» que les permita, a la vez, limitar nuestros movimientos y no tener que anunciar un juicio cuyo costo político será significativo y desgastante para las autoridades.
Eso es inadmisible e irrespetuoso. No lo aceptamos. Después de varios argumentos entre los cuales anuncié el comienzo de acciones cívicas de protesta frente a la sede de Fiscalía, se informó que en el mes de abril el caso pasará definitivamente a Tribunales. Según la vicefiscal Ivis, ella lo garantiza.
Veremos si no es un intento más de demorar el proceso. A la vicefiscal, contra la cual no tengo nada personal, le expresé mis sinceras opiniones sobre la institución que ella representa y que está corrompida y penetrada por intereses muy alejados de la ética y el respeto a la legalidad.
Esta batalla no la empecé yo, ni siquiera la busqué. Fue Contrainteligencia quien tocó mi puerta en octubre de 2022 y ha seguido obstaculizando por todas las vías el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, una vez comenzada, una guerra no se abandona jamás. Esperaremos pacientemente hasta el 30 de abril. No más.